Tras larga demora en su llegada al recinto, las iniciativas fueron consensuadas entre el oficialismo y la oposición y tras recibir modificaciones y volvieron al Senado para ser convertidas allí en ley.
Gran demora y tironeos entre el oficialismo y la oposición tuvieron los proyectos provenientes del Senado para establecer el desarrollo de la Marina Mercante y la Integración Fluvial Regional, por un lado, y el que crea el Régimen de Promoción de la Industria Naval Argentina.
Ambas iniciativas fueron abordadas sobre el final de la larga jornada de debate en la Cámara baja durante un debate en el que desde la oposición se deslizara ciertas críticas al Gobierno, pero se resaltara asimismo que finalmente el oficialismo se hubiera avenido a tratar el tema y consensuar modificaciones que llevarán a volver a tratar el tema en la Cámara alta.
El proyecto fue aprobado por 193 votos afirmativos, 4 negativos y ninguna abstención.
Abrió el debate el presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, Julio Solanas, quien sostuvo que “se trabajó mucho en esta ley”, destacando que se trata de “dos instrumentos que pretenden ser políticas de Estado y que hemos trabajado decididamente en este bloque”.
Resaltó que por las hidrovías circulan 20 millones de toneladas de carga transportadas por embarcaciones de bandera extranjera, y señaló que si de lo que se mueve allí un 30% fuera transportado en barcos nacionales, se crearían entre 3.000 y 3.500 empleos de manera inmediata. Agregó además el “impacto real” que eso tendría en las costas argentinas.
Reprochó que “no tenemos política de marina mercante ni naval, y resaltó la conveniencia del transporte vial. “Evidentemente estamos en la idea de promover dos leyes muy importantes para la Argentina”, señaló para reprochar luego: “Sabemos que hay una desindustrialización, y que este Gobierno permanentemente atenta contra la industria nacional; esto iría en contra de la posición del gobierno, por eso es importante que Cambiemos haya aceptado modificar estas leyes y que vuelvan al Senado”, reconoció.
El proyecto acordado entre Cambiemos y la oposición establecerá entre otras cosas un plazo de diez años para los beneficios tributarios, que consistirá en un subsidio equivalente al 50 por ciento del impuesto al combustible y la suspensión por cuatro años del impuesto a la importación por nuevas embarcaciones.
A su turno, la diputada Marcela Passo recordó en principio su indignación con la actitud del oficialismo de retacear el tratamiento de ese tema, tras lo cual expresó su satisfacción porque finalmente eso se hubiera revertido con el fin de “concretar el primer paso en la conquista de los beneficios que necesitan y merecen la marina mercante y la industria naval. Logramos poner en la agenda del oficialismo el tratamiento de estos proyectos tan importantes”.
“Estamos votando un avance, es el primer escalón para seguir tarabajando por nuevas conquistas”, señaló, y tras recordar que el Senado será el encargado de convertir esos proyectos en ley, pidió al Ejecutivo que “cuando sean ley, tengan la voluntad política de llevarlos adelante, que lo reglamenten prontamente para que estos dos proyectos sirvan a los intereses del país”.
Desde la izquierda, el diputado Pablo López expresó su rechazo a ambos proyectos por interpretar que “benefician a las patronales en contra de los intereses de los trabajadores”. Por un lado, porque autorizan importaciones a tasas cero, incluso navíos, lo que interpretó como “una contradicción con la ley de Compre Nacional que votaron hoy”. Y paralelamente advirtió que también esos proyectos estaban “contrabandeando parte de la reforma laboral que el Gobierno nacional le quiere imponer a los trabajadores”, por cuanto se prevé que el Estado se hace cargo de parte de los aportes de los trabajadores, como así también la existencia de pasantes.
“Es decir que acá se introduce aspectos de la reforma laboral que quiere imponer el Gobierno nacional al conjunto de los trabajadores”, se quejó.
Desde el oficialismo, la radical santacruceña Susana Toledo resaltó el trabajo realizado en comisión y la “vocación de consenso” expresada, coo así también advirtió que los problemas del sector se iniciaron en el año 91, cuando “se desmanteló la flota naval”. En el mismo sentido su correligionario entrerriano Marcelo Monfort celebró que se estuviera retomando “la idea de que el transporte fluvial tenga una alternativa que genera desarrollo crecimiento y oportunidades. Esto significa la posibilidad de que una actividad postergada pueda volver a funcionar”, y destacó el “gran mérito de este Gobierno de poner en agenda” el tema.
Por su parte, el chaqueño Gustavo Martinez Campos (Justicialista) destacó que se trataba de “dos proyectos de ley que tienen una larga data en cuanto a la deuda nacional que también guarda relación con la deuda de nuestra soberanía sobre este sistema, que ha sido relegado reiteradamente por los altos intereses del monopolio del comercio internacional”.
“Esta ley tiende a reparar más de 30 años de atraso del sistema de navegación por agua. Es un día histórico que va a marcar un antes y un después para la industria nacional y las economías nacionales”, resaltó.
