El proyecto consensuado obtuvo 188 votos a favor y sólo fue rechazado por la izquierda. Incluso el FpV-PJ acompañó la iniciativa, que amplía los márgenes de preferencia sobre los bienes de origen nacional. Igual, hubo críticas de la oposición al modelo productivo de Cambiemos.
El proyecto de régimen de “Compre Argentino”, que amplía los márgenes de preferencia sobre los bienes de origen nacional, consiguió aprobación por amplia mayoría este miércoles en la Cámara de Diputados, con 188 votos a favor y sólo cuatro en contra, correspondientes al Frente de Izquierda.
El presidente de la Comisión de Obras Públicas y miembro informante, Sergio Ziliotto (Justicialista), dio detalles del texto consensuado entre todos los bloques políticos a partir de una propuesta del Poder Ejecutivo, que sufrió importantes modificaciones.
De acuerdo al proyecto, que ahora deberá votar el Senado, la preferencia sobre bienes de origen nacional se amplió del 7% actual al 15% para las pymes, mientras que para las grandes empresas pasará de 5% al 8%.
Tras el debate en comisiones se resolvió mantener el 40% en cuanto a la participación del componente importado para que la denominación sea ‘bien nacional’ -el proyecto original llevaba esa cifra al 50%-.
El exministro de Economía Axel Kicillof, el justicialista Pablo Kosiner y el massista José Ignacio De Mendiguren -que presiden, respectivamente, las comisiones de Pymes y de Industria- fundamentaron su apoyo al proyecto, pero concentraron sus discursos en fuertes críticas al modelo productivo de Cambiemos.
Kicillof recordó que “la producción industrial cayó 4,1% durante 2016”, si bien en los meses anteriores a las elecciones el Gobierno “frenó la destrucción de la industria nacional” y repuntaron rubros como la construcción, de la mano de la obra pública, a la vez que los salarios se alinearon con la inflación.
“Pero todo eso ya lo deshicieron”, lamentó el diputado del Frente para la Victoria-PJ, al remarcar que “el neoliberalismo en enemigo de la industria nacional” y que en dos años de gestión de Cambiemos no se logró alcanzar los niveles de industrialización que dejó el kirchnerismo en 2015.
A su vez, De Mendiguren subrayó que “que esto funcione no es un tema técnico, es una decisión política”, y en ese sentido se preguntó: “¿Lo que piensa el Ministerio de Producción es lo que piensa el Gobierno? ¿Es lo que piensa el Banco Central?”.
“No hay ley que podamos sancionar que pueda equilibrar los desequilibrios que pueda generar una macroeconomía cuando se premia la especulación financiera, cuando se retrasa el tipo de cambio, cuando se suben las tasas al infinito, cuando la economía pierde competitividad”, advirtió el expresidente de la UIA (Unión Industrial Argentina).
A su turno, el salteño Kosiner indicó: “No sólo buscamos acomodar la situación de las pymes, sino también de las economías regionales, evitando que grandes empresas se hagan dueñas de las licitaciones que podrían permitir el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas locales”.
El diputado aprovechó para reclamar al Ejecutivo que reglamente el artículo de 10 de la “Ley Pyme” sancionada el año pasado, “que establece políticas diferenciales para las pymes que están en zona de fronteras y se ven afectadas por la importación”.
“Destacamos el consenso logrado para incentivar a la industria nacional, pero necesitamos avanzar en destrabar cuestiones de la macroeconomía que pueden hacer que estas herramientas sean aún mejores”, apuntó Kosiner.
En cuanto a los sujetos alcanzados por el proyecto, se incorporó a los entes públicos, los fideicomisos, el Poder Legislativo, el Judicial, el Ministerio Público Fiscal y CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).
En aquellas compras menores a los 20 millones de pesos, cuando se igualen ofertas con las grandes empresas, las pymes también serán beneficiarias, y además, como novedad, gozarán de una reserva de mercado exclusiva, algo que se incorporó al texto original del Ejecutivo.
El Estado nacional, sus organismos y todos los sujetos alcanzados tendrán una obligación: en compras menores a 1 millón 300 mil pesos o en la construcción de viviendas u obras públicas con contratos menores a 100 millones de pesos, “sí o sí deben compulsar entre pymes”, explicó Ziliotto.
Los beneficios establecidos en la futura ley no se modificarán por tres años; sólo cambiarán cuando lo disponga la autoridad de aplicación pasado ese plazo, siempre que se trate de bienes de alto contenido científico y tecnológico, en virtud de la situación coyuntural del mercado.
También habrá un pasaje dedicado a las economías regionales, pues las provincias que adhieran a esta ley, durante tres años tendrán el incentivo de que sus pymes tendrán una preferencia superior del 1%.
Asimismo se crea un “Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores”, cuyo objetivo principal será “desarrollar proveedores nacionales en sectores estratégicos, a fin de contribuir al impulso de la industria, la diversificación de la matriz productiva nacional y la promoción de la competitividad y la transformación productiva”.
“Este capítulo es clave. Todos los países desarrollados del mundo saben lo que significan las compras gubernamentales para un proyecto de desarrollo”, subrayó el massista De Mendiguren.
Por último, se ampliaron las facultades de la comisión bicameral que debe controlar la operatoria del régimen de Participación público Privada (PPP), que todavía no se constituyó, para que también realice un seguimiento del “Compre Argentino”.
Este último punto fue rechazado puntualmente desde la izquierda, que en la voz de Pablo López (Partido Obrero) vinculó esa bicameral con el DNU presidencial que creó la empresa “Corredores Viales S.A.”, en una “privatización encubierta” -según denuncian- de Vialidad Nacional.
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