El Gobierno oficializó la prórroga -por cuatro años más- de la Ley 26.160, que suspende que se realicen desalojos en tierras habitadas por comunidades indígenas hasta tanto el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) culmine el relevamiento catastral.

La norma fue promulgada este jueves, mediante el decreto 950/2017 que se publicó en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

La ley, sancionada el pasado 8 de noviembre por el Congreso, establece “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de cuatro años”.

Además, dispone suspender “por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas”.