En la sesión ordinaria de este jueves la Legislatura porteña aprobó dos iniciativas impulsadas por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, las cuales buscan mejorar el estado de las veredas y aceras de la Ciudad. Es así que una de las medidas es un nuevo régimen para la gestión, administración y fiscalización de permisos de aperturas y/o roturas en la vía pública, mientras que la otra es una ley que regula sobre construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de veredas y aceras.

Nuevo régimen para la gestión, administración y fiscalización de permisos de aperturas y/o roturas en la vía pública

La medida fue sancionada con 40 votos a favor y 15 en contra. Conto con el acompañamiento del Pro, CC ARI, CP, PS, Suma+, FR, PSA y MC; mientras que lo rechazó BC, FpV, BP, FIT, CNLM y AyL.

Con esta ley se creó un nuevo régimen para la gestión, administración y fiscalización de permisos de aperturas y/o roturas en la vía pública es sustitutivo del instaurado por la Ley N° 2.634.

Actualmente la actividad que desarrollan las empresas autorizadas para la apertura en la vía pública repercute de forma significativa en el bienestar de la población, incidiendo negativamente ante el supuesto de cierres defectuosos o mal ejecutados entorpeciendo tanto el tránsito vehicular como peatonal. Este es uno de los motivos por los cuales el Ejecutivo propone agilizar la dinámica en la obtención de permisos, así como actualizar el registro existente; lo que permitirá incrementar la eficiencia en la ejecución de las obras, su fiscalización, la actualización de la información relativa al subsuelo, y la prevención del alto índice de siniestralidad que deviene de los cierres defectuosos.

En los fundamentos de la iniciativa se asegura que “el profuso número de incumplimientos al régimen de aperturas vigente ha dado origen a un sinfín de reclamos ante la Administración Pública por parte de los transeúntes, constituyendo además causal de accidentes en repetidas ocasiones” y agrega que “en este sentido, mediante la sanción del proyecto de ley que se propugna, se busca reducir los infortunios en la vía pública y mitigar el alto volumen de litigiosidad que aquellos acarrean”.

Asimismo sostiene que “el régimen actual establece la obligatoriedad de los inscriptos en el Registro de Permisionarios a constituir garantía suficiente en efectivo como requisito para poder realizar obras en vía pública para la eventualidad de un cierre defectuoso, lo cual, teniendo en cuenta los altos montos exigidos, resulta de difícil cumplimiento y antieconómico para los permisionarios” por lo que “el régimen que se propone dispone la obligatoriedad de garantizar los trabajos genéricamente, permitiendo a la Administración, por la vía reglamentaria, prever nuevos mecanismos o instrumentos que sean de fácil implementación para los solicitantes y que permitan perseguir con mayor eficacia el cobro de los gastos en los que pudiera incurrir la Administración ante el incumplimiento de la obligación de cierre o cuando aquel resultase defectuoso”.

Además, se buscará generar mayor coordinación entre las diferentes entidades involucradas, tanto públicas como privadas, para que no se realicen aperturas innecesarias en la misma locación en ocasiones sucesivas y reiteradas.

Propone implementar una nueva categoría de permisos que posibilitará abarcar situaciones que en la actualidad son reportadas como emergencia por parte de las empresas de servicios públicos cuando técnicamente no lo son.

Regulación sobre construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de veredas y aceras

La normativa fue sancionada con 32 votos a favor, 22 en contra y 11 abstenciones. Conto con el acompañamiento del Pro, CC ARI, CP y FR , mientras que PS, FpV, FIT, SP, BC, PSA, Suma+, CNLM, AyL y CNLM la rechazó y MC se abstuvo.

Esta ley propició la actualización el régimen jurídico que regula la construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de las veredas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actualmente regido por la Ordenanza N°33.721 -y normas concordantes- sancionada el año 1977.

“De la simple observación del estado de las veredas de la ciudad se infiere categóricamente que el régimen vigente -que data de casi cuarenta años y sucesivas modificaciones- ha fracasado en generar los incentivos e incorporar los elementos necesarios para alcanzar su propósito”, señala y añade que “actualmente, más del 50% de los frentes se encuentra dañado, lo cual apareja un alto nivel de insatisfacción por parte de los habitantes de la ciudad que se ve reflejada en la numerosa cantidad de reclamos que se remiten mensualmente a la Administración”.

Además destaca que “de ese porcentaje, casi la mitad se corresponde con los deterioros por el uso o transcurso del tiempo cuya reparación y/o reconstrucción corresponde al propietario frentista”.

Por otra parte, precisa que “el origen de la problemática radica en que, por una parte, el 75% de la ciudadanía desconoce su responsabilidad de mantenimiento y reparación de la vereda y, por otro, estriba en la falta de capacidad del frentista para asumir los costos que derivan de su obligación” es por esto es que “es indispensable prever nuevos mecanismos de financiación para la ejecución de este tipo de obras”.

Cabe recordar que en junio de este año el Ejecutivo porteño creó la Subsecretaría de Vías Peatonales dentro de la órbita del Ministerio de Espacio Público y Ambiente entre cuyas responsabilidades primarias se encuentran las de planificar las intervenciones en vías peatonales y subsuelo, la de ejecutar y proyectar obras de puesta en valor, recuperación y mantenimiento de vías peatonales y la de promover su mejora en la calidad técnica y estética.

El debate

El presidente de la Comisión de Espacio Público y diputado del Pro, Maximiliano Sahonero, manifestó que “estas leyes han tenido muchísimas modificaciones desde que han ingresado a la Comisión de Espacio Público, nosotros siempre hemos velado por tener las mejores leyes y trabajamos para ello”.

“Al salir de nuestra casa el primer paso que damos es en la vereda y ahí comienza el espacio público, vemos que el problema del mantenimiento de las veredas y aceras es una complicación para todos los porteños: personas en silla de ruedas, ancianos con bastones, entre otros”, señaló y aseguró que “la idea de estas leyes es regular y optimizar los recursos para poder mejorar este aspecto, queremos que cada vereda que se haga en esta Ciudad este regulado y proyectado”.

“Más allá que nosotros somos Gobierno desde hace muchos años siempre estamos tratando de estar a la vanguardia, modificando y evaluando de qué manera mejorar la movilidad en la Ciudad”, completó.

Por su parte el presidente del FIT, Marcelo Ramal, recordó que “nosotros pedimos la emergencia en lo que respecta a la situación de las veredas y nos inspiramos en la Red de Personas con Discapacidad, que realizó un relevamiento del estado de las veredas de nuestra Ciudad” y advirtió que “pese a los generosos contratos con empresas para que se realice el mantenimiento de las veredas, varios funcionarios aseguraron que dos tercios de las veredas están en un estado calamitoso”.

“Creemos que las Comunas deben hacerse cargo del cuidado de la vía pública y de los accesos secundarios a la Ciudad”, remarcó y consideró que “este proyecto dice que el mantenimiento de la vereda es responsabilidad del frentista, es decir que frente al pedido de que el Estado se haga cargo de la situación, la respuesta del Estado es desligarse del problema”.

Por su parte la diputada del BP Silvia Gottero indicó que “trabajamos muchísimo en estos proyectos y estamos discutiendo desde el primer día sobre esto pero no logramos ponernos de acuerdo” y aseveró que “esto es un capricho del Ejecutivo, no hemos logrado que incluyeran dentro del proyecto el hecho de que de las veredas de clubes de jubilados, clubes de barrio, etc. se hiciera cargo el Estado”.

Además advirtió que a una nueva subsecretaria “le estamos dando 6.100 millones para este programa, del 64% de las veredas se hace cargo el Estado y las telefónicas, un 12% están rotas por raíces de los árboles, el 24% son las que les corresponden a los frentistas pero sólo el 12% es de los dueños de las casas ya que el resto son de edificios públicos”.

Por su parte el presidente de PSA, Adrián Camps, afirmó que “las empresas declaran la emergencia y en 48 horas rompen las veredas sin autorización del Ejecutivo, luego viene otra y repite el proceso, entonces terminan todas las veredas rotas” e insistió en que “nosotros queremos que la empresa que va a romper y no tiene autorización del Gobierno sea multado”.

“Nos parece injusto que después de años en los que el Gobierno no ha hecho nada para mantener en buen estado las veredas, sea el frentista quien tenga que absorber los gastos de reparación de la misma”, sentenció.

A su turno el diputado de MC Marcelo Depierro indicó que “con el tema de los frentistas no estamos de acuerdo, nos parece que los números difieren entre el 12% y el 8% en lo que respecta a las roturas generadas en veredas de frentistas particulares” y consideró que “esta no es una solución beneficiosa para los vecinos y estamos generando un antecedente de romper la solidaridad con los vecinos de la Ciudad” dado que “no le va a costar lo mismo a un vecino dueño de su casa arreglar la vereda que a un edificio donde viven muchas personas, el impacto económico es notoriamente diferente”.

Finalmente el presidente del bloque FpV, Carlos Tomada, aseveró que “nosotros estamos a favor de la defensa de los vecinos” y advirtió que “más allá de la conveniencia en materia de una supuesta eficiencia de la gestión, los proyectos desconocen el espíritu de nuestra Constitución en lo que respecta a la participación de las Comunas”.

“Entre las facultades exclusivas de las Comunas se encuentra el mantenimiento de las veredas y no pueden ser borradas por el capricho de un funcionario”, concluyó.