Diputados del radicalismo recordaron que en ese año alertaron a través de un pedido de informes sobre contrataciones de la Armada para reparar las baterías del ARA San Juan.
El presidente del bloque de diputados de la UCR y del interbloque Cambiemos, Mario Negri, recordó que en 2010 el bloque radical presentó un pedido de informes al Ministerio de Defensa, el cual nunca fue tratado en las comisiones de la Cámara baja por decisión del kirchnerismo. En dicho expediente, el radicalismo advertía sobre serias irregularidades en las contrataciones hechas por el Poder Ejecutivo para reparar las baterías del submarino ARA San Juan.
“En 2010, seis diputados de nuestro bloque se hicieron eco de una denuncia de la prensa alemana que puso al tanto a la opinión pública de ese país del pago de sobornos de la empresa Ferrostaal en varios países, uno de ellos la Argentina, para ganar licitaciones para proveer embarcaciones y submarinos. En ese momento, la UCR alertó también que el Ministerio de Defensa había incurrido en irregularidades a la hora de hacer las contrataciones entre la Armada y la empresa Hawker GMBH por la reparación de baterías del submarino ARA San Juan, por 5.100.000 euros. Y también en la contratación entre Tandanor y la empresa Marlog GMBH, por la asistencia técnica en la reparación del submarino Ara San Juan, por 1.200.000 euros”, explicó Negri.
En concreto, los diputados Miguel Giubergia, Mario Fiad, Heriberto Martínez Oddone, Gustavo Cusinato, Juan Pedro Tunessi y Julio Martínez advirtieron, en el expediente 5939-D-2010 que, en diferentes respuestas del Ministerio de Defensa a otros pedidos de informes realizados por los legisladores, el PEN realizó contrataciones directas o concursos de precios por valores muy superiores a lo que disponía la ley de contrataciones para entidades estatales.
En el pedido de informe de 2010, los legisladores radicales también advirtieron irregularidades en la contratación de la licencia entre la Armada y la empresa Fassmer GMBH, y Asmar de Chile, para la construcción de un patrullero oceánico multipropósito, por unos 500.000 euros.
“Es significativo que, excepto los motores de la Fragata Libertad, el resto de los actos fueron Contrataciones directas, por compulsa de precios o no se menciona la modalidad de contratación. De acuerdo con el artículo 22 del Decreto 436/2000, que reglamentó la Ley de contrataciones para las entidades estatales, los montos máximos que admite la Administración Pública Nacional son para las diferentes modalidades: Contratación Directa: hasta $75.000 Licitación Privada o concurso de precios: hasta $300.000”, explicaron los seis diputados radicales en el pedido de informes de 2010.
En dichos actos “no se habrían cumplido los procedimientos administrativos correctos que establece la Ley, ya que todos ellos superaban los $ 5.000.000, razón por lo que debieron haber sido de conocimiento y autorizados por el Ministro del área (Defensa en este caso)”, señalaban los legisladores, quienes además remarcaron que tampoco el Jefe de Gabinete de Ministros habría refrendado dichas contrataciones.
Este es el pedido de informes presentado en 2010 al que accedió parlamentario.com.
