Por José Angel Di Mauro. La búsqueda del submarino desaparecido con 44 tripulantes monopolizó toda la atención pública y de un gobierno preocupado a su vez por el avance rápido de sus leyes en el Congreso. Se demora la reforma laboral, con la que CFK buscará protagonismo.
El caso Carrasco fue un punto de inflexión, y como en general de esas situaciones surgen cambios drásticos, ese episodio marcó el final del servicio militar obligatorio. Semejante reacción del poder político lo pudo una muerte.
Muchos se preguntan estos días si acaso la crisis desatada por la desaparición del submarino ARA San Juan -donde hay 44 vidas en juego- podría ser otro punto de inflexión, capaz de revertir en este caso décadas de estancamiento de las Fuerzas Armadas. Eso no sucederá, es la conclusión tal vez apresurada pero previsible, atentos a las circunstancias.
El caso Carrasco terminó siendo en los 90 la excusa ideal para una administración deseosa de achicar cuanto pudiera del Estado, y que ya estaba viendo complicado cumplir con el presupuesto que demandaba mantener la estructura del servicio militar. Por eso cada vez eran menos los convocados y más las licencias; la muerte del soldado Omar Carrasco fue la excusa ideal para acabar con tamaño gasto, y de paso se buscó el beneplácito fácil de la sociedad.
Es exactamente lo contrario a lo que debería esperarse ahora. Porque lo que se pone en tela de juicio en este caso es el desmantelamiento al que se ha sometido a la defensa nacional ya no los últimos años, sino durante décadas. Y no es lo que puede esperarse en momentos de retracción de gastos en función de un déficit fiscal que debe ser reducido. Además, no es un área que genere votos.
Así las cosas, por más que pueda proclamarse lo contrario en estos días, lo más probable es que pasado el tiempo la crisis se profundice: para evitar otras tragedias sin aumentar el presupuesto, mejor reducir aún más la actividad.
Claramente no es un problema de la actual administración, ni siquiera podría ser achacado enteramente a la era K, si bien le corresponde la responsabilidad de haber gobernado tres períodos. La drástica reducción del presupuesto militar se inició durante el menemismo, y desde entonces no se hizo más que extremar el achicamiento. En la actualidad, tiene asignado menos del 1%, detalla un especialista como Rosendo Fraga, que advierte que es el presupuesto más bajo de la región, donde el promedio es del 1,6%, mientras que en los países centrales asciende al 2,5.
Peor que no asignar recursos es no tener un rumbo. El senador Federico Pinedo niega que no lo haya: “Nosotros hemos trabajado bastante tiempo en una política de defensa”, sostiene, asegurando que lo hicieron aun dos años antes de llegar al poder. Esas ideas para el plano militar apuntan a una planificación integrada con los países vecinos y adecuada al mundo actual… Pero cuando llegó Macri a la presidencia “era tal el nivel de destrucción del sistema de defensa argentino, que lo único que se empezó a hacer fue reconstruirlo”. Y las perspectivas no son halagüeñas: “La recuperación cuesta mucho porque los sistemas de armas están completamente destruidos”, afirma Pinedo.
El 25% del territorio argentino es marítimo y otro 25% corresponde al sector antártico. Ese gigantesco litoral marítimo, fértil para la depredación extranjera, hoy está más desprotegido. “El elemento disuasivo más importante que teníamos era el ARA San Juan”, advierte el analista Vicente Massot, que supo ser viceministro de Defensa en los 90.
¿Será el submarino el cisne negro que no terminó siendo el caso Maldonado? No pareciera, pero nadie sabe hasta qué punto puede escalar; de momento se está midiendo para verificar las reacciones de la opinión pública sobre el tema.
Ahora parecieran haberse atendido ciertas lecciones del caso Maldonado; por eso el Presidente quiso mostrarse presente, aunque sin exponerse. Si bien recién se expresó públicamente sobre el tema al cumplirse una semana de la emergencia, se mostró preocupado mucho antes, y lo primero que hizo fue reunirse con los familiares. A Patricia Bullrich se le cuestionaron sus dichos en el caso Maldonado; al ministro de Defensa se lo reprocha ahora no haber hablado. En un terreno azaroso, se sugiere que lo mejor es limitar la comunicación a los especialistas, cosa que en esta emergencia cumple con creces el vocero puesto por la Armada, el capitán Enrique Balbi, quien además de mostrarse como un experto al plantarse cada día ante un ejército de periodistas, domina el tema por ser precisamente submarinista. Mauricio Macri está muy conforme por el papel que está cumpliendo y así se lo hizo saber personalmente.
¿Lo está con el resto de la fuerza, donde algunos auguraron consecuencias drásticas? Lo que se decida, no será en caliente, se adelantó a decir el Presidente el viernes ante la prensa, en el Edificio Libertad: “Hasta que no tengamos información completa, no tenemos que aventurarnos a buscar culpables”, aclaró. A su izquierda estaba parado, muy serio, el ministro Oscar Aguad, en la primera fila de las críticas por su bajo perfil en esta crisis. Pero no habrá que esperar su eyección. De muy buena relación con el primer mandatario, Aguad fue el radical más cercano a Macri aun antes de la constitución de Cambiemos. Y a decir verdad, lleva apenas unos meses al frente de la cartera de Defensa, donde ningún gobierno democrático se ha caracterizado por poner expertos. Tal vez su única proximidad con el tema fuera su apodo: “El milico”.
Los que pasan facturas recuerdan ciertos magullones de su experiencia al frente del Ministerio de Comunicaciones, cuando estalló la discusión por el acuerdo con la familia Macri por el Correo Argentino.
El Presupuesto 2018 tiene un incremento del 14% para el área de Defensa con relación al año actual, y en los considerandos prevé que “se continuará con la modernización de la formación y de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas a través de la adquisición de nuevo equipamiento”. Lo cierto es que de los 146.773.338.823 pesos asignados para la defensa, el 84% es para pagar sueldos y solo el 4% para reequipamiento y mantenimiento, detalla Rosendo Fraga. Parece poco. Es poco.
La clase política mantuvo el silencio sobre esta crisis hasta la sesión del miércoles pasado en el Congreso, cuando la diputada del PRO Silvia Lospennato sacó el tema en el recinto. Fue para agradecer a los países que están ayudando en la búsqueda, y si bien leyó la lista de los 44 tripulantes perdidos, se cuidó de que el homenaje no sonara póstumo. No así Graciela Camaño, que al adherirse pidió “un minuto de silencio y oración de pie”.
Al día siguiente terminó la tregua política y comenzaron los pedidos de informes e interpelación de parte de la oposición. Incluso desde el Frente para la Victoria, que toma riesgos en estas circunstancias, pues tiene en su bloque a la exministra Nilda Garré y muy pronto estará también al último ministro de Defensa de Cristina, Agustín Rossi, probablemente presidiendo el bloque K. Si los cruces van por ese lado, las esquirlas los alcanzarán.
Pero esa no es por estos días la mayor preocupación legislativa de Cambiemos, que ve que la celeridad que esperaba tener en el Senado encuentra obstáculos. Ya le había pasado con la reforma de la ley de Ministerio Público, que encontró resistencias en el bloque PJ-FpV y quedó trabada. Pero la mayor atención la tienen las reformas que mandó, y de las tres, se trabó la laboral, que había obtenido el beneplácito cegetista. Pasa que luego el triunvirato de conducción de la central obrera viajó al Vaticano -de donde vuelven sin haber visto al Papa-, y Miguel Pichetto quiere que ellos detallen ante los senadores ese supuesto respaldo, pues no es un tema donde haya espacio para la ambigüedad.
Sobre todo ante la falta de uniformidad dentro de la propia CGT, en la que Pablo Moyano hace punta lanzando diatribas contra la reforma y organiza protestas con las CTA y otros rebeldes cegetistas. Pero además, el hijo de Hugo Moyano sabe que con solo expresar la palabra “Banelco” genera una tensión tal que exige un tiempo de reflexión y claridad en el debate que se contradice con la premura con la que el gobierno esperaba saliera la norma.
Consecuencia: quedará para el debate de la nueva Cámara, que tendrá un bloque oficialista más nutrido, pero también la presencia de Cristina Kirchner, que ha elegido a la reforma laboral como plataforma de relanzamiento de su figura tras el traspié electoral. Así lo proclamó en Tucumán, donde tuvo un acto masivo en el que hizo del tema su eje discursivo, y plantea seguir haciendo hincapié en los próximos días, bajo la consigna de que “no queremos seguir perdiendo derechos”.
