Cinco legisladores que terminan mandato fueron propuestos para integrar el Comité contra la Tortura

La Bicameral de la Defensoría del Pueblo recibirá este martes en audiencia pública a los seis candidatos parlamentarios impulsados desde Cambiemos y el peronismo, que son los que faltan para completar el organismo. Quiénes son.

El próximo 10 de diciembre terminarán su mandato, pero ya tienen destino asegurado. Son cinco diputados propuestos por Cambiemos y el peronismo en ambas cámaras para completar la integración del Comité contra la Tortura, un órgano multisectorial creado por ley en 2012, que el oficialismo se decidió a activar este año.

La designación de los integrantes corre por cuenta de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, presidida por la senadora Marta Varela (Pro), que este martes recibirá en audiencia pública a los seis candidatos para cumplir el cupo parlamentario -tres por cada cámara-, desde las 11 en el Salón Illia.

Según supo parlamentario.com, en nombre de la Cámara de Diputados, el interbloque Cambiemos, comandado por Mario Negri, propone al radical Jorge D´Agostino y al misionero Alex Ziegler, del monobloque Libertad, Valores y Cambio. En tanto, el Frente para la Victoria-PJ de Héctor Recalde postula a la kirchnerista Diana Conti.

Por parte del Senado, donde el peronismo es primera minoría, Miguel Pichetto, jefe de la bancada, sugiere al misionero Juan Manuel Irrazábal y a la bonaerense María Laura Leguizamón. Cambiemos, por su lado, promueve la candidatura de Rocío Alconada Alfonsín, nieta del expresidente Raúl Alfonsín.

Si las candidaturas reciben dictamen favorable, no se descarta que sean votadas en el recinto del Senado esta semana –se define si la sesión es el miércoles o el jueves-, para luego culminar el tratamiento en la Cámara de Diputados.

Según la Ley 26.827, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se compone de 13 miembros, 12 de los cuales ya fueron designados: Alberto José Lucchetti en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos; María Josefina Ignacio, Gustavo Federico Palmieri y Diego Jorge Lavado en nombre de organizaciones no gubernamentales; el procurador penitenciario Francisco Mugnolo, y dos representantes por los mecanismos locales.

El artículo 11 de la norma mencionada establece que “el ejercicio de estos cargos será incompatible con la realización de otra actividad remunerada, pública o privada, salvo la docencia, la investigación académica y actividades de capacitación en materias referidas a la aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

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