El FpV pidió sesión especial para tratar el juicio político a Patricia Bullrich

El bloque de Héctor Recalde ejercerá presión contra la ministra de Seguridad, aunque no cuenta con el número necesario para aprobar el proyecto.

En una jugada con fracaso preanunciado, el Frente para la Victoria-PJ pidió una sesión especial para este jueves a las 10.30, con el fin de votar un pedido del jefe de bloque, Héctor Recalde, y su par rionegrina María Emilia Soria, para iniciar el juicio político a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el accionar de Prefectura que derivó en la muerte del joven Rafael Nahuel, el último fin de semana en la zona del lago Mascardi.

El FpV buscará ejercer presión contra Bullrich en una sesión que se encamina a la frustración: primero, deberán reunir el quórum de 129 diputados, y luego necesitarán dos tercios de los votos para habilitar el tratamiento de la iniciativa sobre tablas, e igual mayoría para aprobar el juicio político.

De todos modos, para evitar sobresaltos, Cambiemos activó la maquinaria para tener a su tropa presente y bajar al recinto por si el kirchnerismo consigue el quórum. En ese remoto caso, los diputados comandados por Negri se verían obligados a bloquear la votación.

Entre la oposición, el Movimiento Evita también había manifestado su intención de ir por la destitución de Bullrich. El bloque presidido por Leonardo Grosso tiene presentado un pedido de informes verbales a la titular de la cartera de Seguridad, también por el caso del mapuche baleado.

El oficialismo tenía intenciones de sesionar este miércoles por última vez en el período ordinario para tratar una serie de proyectos de ley, pero resolvió no convocar al debate ante el riesgo de una catarata de críticas al Gobierno por los dos casos que sacuden al país: la muerte de Rafael Nahuel y la desaparición del submarino ARA San Juan.

Además del juicio político a Bullrich, el FpV-PJ incluyó en el temario la declaración de la emergencia laboral en la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares; un régimen para la detección precoz y control de la trombofilia; la declaración de la emergencia pública en materia de violencia de género; y una modificación de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240.

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