Si bien ya nos pusimos al tanto que desde la administración nacional pretendían hacer reformas económicas en los planos impositivo, laboral y previsional, siendo ésta última la que menos sabíamos hasta hace algunos días atrás, se develaron unos cuantos temas de ella. Los temas de los cuales tomamos conocimiento son: 1) Voluntariedad de la edad para jubilarse; 2) modificación de la fórmula de cálculo de la movilidad jubilatoria y asignaciones que abona el ANSeS; 3) forma de cálculo inicial de las nuevas jubilaciones; 4) condiciones que reciben los nuevos jubilados por cambios anteriores que muchos no recuerdan. Por ello, vamos a tratar de hacerlo con la forma más sencilla posible:

1) Se coloca como novedad la edad máxima voluntaria para jubilarse en 70 años, seas hombre o mujer. Cabe destacar que hoy y desde que comenzó a regir la actual Ley 24.241 la edad máxima para jubilarse siempre es voluntaria y de 67 años para cada uno de los trabajadores. con esto lo que hacemos es retrasar el acceso de los jóvenes al mercado laboral.

2) La movilidad jubilatoria que rige desde el año 2009 y la cual permite recuperar poder de compra a los jubilados, pensionados y receptores de asignaciones que abona el ANSeS sería reemplazada por una fórmula que originalmente el PEN pretendía que sea el último IPC que ideó el INDEC durante 2016/2017. En su ingreso al Senado nacional ella se modificó por otra que sería 70% IPC + 30% RIPTE -que es el promedio de los salarios, por el cual se rigen las indemnizaciones. Todo esto tampoco es satisfactorio porque en el caso de un jubilado le brinda solamente $50 adicionales al cálculo propuesto, pero pierden cerca de $400 con la movilidad actual.

3) Proponen recalcular las jubilaciones y pensiones para llegar al 82% móvil en las jubilaciones mínimas pero lo que no recuerdan es que hoy el sistema otorga 81.7% en la mínima. El nuevo sistema establece que se otorga el 1.5% adicional a aquellos que pasen los 65 años de edad, cuando hoy en día el sistema otorga 1.5% adicional a los que posean antigüedad mayor a los 35 años y con un máximo de 47 años se puede acumular cerca del 88% del promedio. Con la nueva fórmula llegaría al 77,5%.

4) Debemos recordar que los jubilados perdieron nivel de descuentos en su obra social durante la gestión del interventor del PAMI Carlos Regazzoni, donde se les quitaron muchos medicamentos al 100% de descuento.

Con estas reformas que parecen simples el Estado nacional pretende ahorrar $100.000 millones, que representan el 17% del déficit presupuestario anual. Pero además de esto debemos decir que el “vamos por todo” se traduce en la eliminación de prestaciones a los discapacitados mentales, que mediante el proyecto de Decreto 812/2017 pretende modificar las Leyes 24.901 y 26.657 quedando en evidencia ir contra la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, que posee rango constitucional -si los mismos errores que cometieron en nombramientos en comisión en jueces de la Corte Suprema-, las tarifas de servicios públicos y la eliminación de pensiones para discapacitados-. Ese decreto los vuelve a caratular como enfermos mentales y las únicas prestaciones que otorga serían la medicación y psicología en lugares específicos denominados hospitales psiquiátricos y de salud mental. Con lo cual nuestro país retrocede a los años ’70 como nunca se vio en la última época democrática de nuestro país.

Esta modificación posibilita achicar el déficit en $11.500 millones adicionales a la reforma previsional y en conjunto en un 18% del total.

Se entiende y es loable que el gobierno nacional este preocupado por bajar el gasto público, lo que no es aceptable es que esa disminución del gasto sea mediante recortes a los más vulnerables de nuestro país como son los jubilados, pensionados y discapacitados; aunque lo que no parecen recordar en el gobierno es que en 2012, cuando la gestión anterior trato de eliminar las mismas prestaciones, salieron a las calles los familiares de discapacitados, prestadores médicos e incluso todo el arco sindical, y le costó el puesto a muchos integrantes de la Superintendencia de Servicios de Salud por llevarlo adelante.