La diputada Nathalia González Seligra y su par electo Nicolás del Caño advirtieron que con el proyecto de reforma previsional este sector perderá “70 mil millones de pesos por año”.
La diputada Nathalia González Seligra y su par electo Nicolás Del Caño -que asumirá el próximo 10 de diciembre- manifestaron a través de una “carta abierta” su “preocupación” por el proyecto de reforma previsional y llamaron a sus pares a no votar “un nuevo robo a los jubilados”.
En la misiva, los referentes del PTS advirtieron que con la iniciativa la clase pasiva perderá “una cifra aproximada de 70 mil millones de pesos por año”. “No podemos permitir que sean los sectores más vulnerables los que paguen este ajuste”, enfatizaron.
González Seligra y Del Caño resaltaron además que la media sanción del Senado, que se tratará en los próximos días en la Cámara baja, “es inconstitucional” porque “viola convenios de la OIT y pactos de Derechos Humanos”.
Aquí, la carta abierta textual:
A las diputadas y diputados de la Nación:
En nuestro carácter de diputados nacionales nos dirigimos a ustedes con el fin de manifestar nuestra extrema preocupación por la media sanción de la llamada “reforma previsional” que acaba de votar el Senado, y que trataremos en la Cámara a partir de las próximas semanas.
La modificación en la fórmula de la movilidad previsional se trata de un robo histórico a nuestros jubilados. “Nos tocó la ingrata tarea de votar esta ley”, dijo el senador Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque del PJ-FpV, antes de votar a favor. No pudo ocultar que lo que se votó es un ataque a millones de trabajadores pasivos y beneficiarios de la AUH y asignaciones familiares, más de 17 millones de personas de los sectores más vulnerables y postergados de nuestra sociedad.
Nuestros adultos mayores, entre los que hay millones que perciben un haber mínimo de 7.246 pesos, que representa sólo un 41% de la canasta básica de un jubilado, serán quienes pierdan una cifra aproximada de 70 mil millones de pesos por año; mientras, acaban de anunciar sendos tarifazos para el gas y la electricidad; y los grandes grupos económicos se benefician con crecientes rebajas de los aportes patronales para los próximos años y, a partir de enero, nuevas rebajas mensuales a las retenciones a la soja. En este contexto, ¿quién puede sostener que la única salida para el país es volver a tocarle el bolsillo a millones de personas que viven bajo el nivel de pobreza?
El planteo de nuestra fuerza política es conocido por todos: que ningún jubilado perciba menos de lo que hoy cuesta su canasta básica, estimada en 17 mil pesos. Al mismo tiempo que sostenemos que hay que establecer el 82% móvil real (no sobre el salario mínimo) restituyendo los aportes patronales al 33%, valor que tenían antes de que Domingo Cavallo los redujera al 13%. Hemos presentado proyectos en esta Cámara y seguiremos dando el debate y la pelea dentro y fuera del Congreso para que nuestros abuelos tengan la jubilación que merecen luego de haber trabajado toda una vida.
No podemos permitir que sean los sectores más vulnerables los que paguen este ajuste.
No puede ponerse como excusa la disciplina de bloque cuando ésta va en contra de las condiciones de vida de nuestros abuelos, de los que trabajaron toda su vida, a los que se condena a un sufrimiento aún mayor al que ya padecen desde hace años con haberes jubilatorios muy por debajo de sus necesidades básicas.
Por otra parte, como ustedes deben saber, esta medida que se pretende sancionar es inconstitucional, viola convenios de la OIT y pactos de Derechos Humanos, ya que afecta derechos adquiridos que, a su vez, no pueden ser regresivos tratándose de haberes con carácter alimentario.
Seguramente ustedes, al igual que nosotros, ya estarán recibiendo a sus correos oficiales decenas y decenas de mensajes pidiendo que no aprueben esta ley que empeora las condiciones de vida de millones de personas. Durante el reciente proceso electoral estas nuevas medidas de ajuste contra los sectores más vulnerables no fueron planteadas, ni mucho menos sometidas al debate público para la consideración del electorado ni por el oficialismo, ni por los sectores de oposición que ahora pretenden a través de un pacto con los gobernadores consumar este nuevo saqueo a sectores populares. El rechazo a esta medida en la opinión pública es abrumador como se percibe en la calle y en los lugares de trabajo y estudio y ya lo señalan algunas encuestas.
Es por eso que instamos a las diputadas y diputados que no estén dispuestos a contribuir con el mayor empobrecimiento de nuestros jubilados, no sigan las “disciplinas de bloque” y se sumen al rechazo a esta nefasta ley. Nada ni nadie los puede obligar a realizar esta “ingrata tarea”.
Entre tanto, los diputados del Frente de Izquierda, como siempre, seguiremos promoviendo la movilización de los trabajadores y el pueblo contra estas verdaderas “contra-reformas”, única garantía para impedir que se sigan avasallando los intereses de las mayorías nacionales.
