Los sucesos de Villa Mascardi reactualizan un serio problema que acontece en la Patagonia argentina. Grupos violentos, que se autodenominan mapuches, provocan con frecuencia actos de vandalismo. El más reciente fue la ocupación por la fuerza de un predio en esa localidad de Río Negro.

Según refirieron los usurpadores, una niña de 16 años, a la que atribuyen poderes sobrenaturales (una “machi”, destinada, de acuerdo a lo que se dice, a liderar a la comunidad mapuche con funciones religiosas, médicas y protectoras), caminó un largo trecho y de repente, como iluminada por un rayo del más allá, indicó el terreno sagrado que debía ocuparse.

En el intento de desalojar a esos ocupantes ilícitos, ordenado judicialmente, perdió la vida un joven, Nahuel, por un tiro que le habría ingresado por la espalda. El Ministerio de Seguridad ha informado que la Prefectura debió defenderse de un ataque a los tiros provenientes de esa comunidad y que los prefectos debieron obrar en ejercicio de la legítima defensa.

Todo ello, por supuesto, deberá ser determinado en una investigación judicial. Sin embargo, ésta comenzó torcida. Los usurpadores se niegan a abandonar el predio y no permiten hasta ahora el acceso de la Justicia y de las fuerzas de seguridad. Invocan una práctica que según ellos es ancestral y prohíbe por algunos días, mientras tiene lugar el duelo, todo tipo de actividad. Increíblemente, el juez interviniente aceptó esa imposición, lo que redundará en la posible pérdida de elementos significativos para la investigación.

Nadie niega a los mapuches ni a cualquier persona ejercer plenamente la libertad de culto y realizar todas aquellas ceremonias fúnebres que desee. Lo que es inadmisible es que se pretenda crear un Estado paralelo dentro del territorio argentino gobernado por leyes que no fueron sancionadas por las autoridades democráticamente electas en el marco de la Constitución Nacional y los ordenamientos provinciales.

Es curioso que, por una parte, estos sedicentes mapuches nieguen la pertenencia al Estado argentino y, por la otra, invoquen una cláusula de nuestra Constitución que interpretan caprichosamente. En efecto, el art. 75, inc. 17 garantiza a los “pueblos indígenas argentinos (…) el respeto a su identidad (…) y “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Aún en esas tierras, la adjudicación de la posesión y propiedad comunitarias debe hacerse conforme a la ley; pero en este caso las tierras usurpadas no habían sido siquiera tradicionalmente ocupadas por esas personas que pretenden hacer justicia por mano propia.

Por cierto, los violentos son una fracción menor de los mapuches. La inmensa mayoría vive pacíficamente y respeta las leyes argentinas. Pero la cuestión debe ser examinada con sumo cuidado, porque en Chile desde hace años es motivo de duros enfrentamientos.

Uno de los principios fundamentales que nos rigen es el de igualdad ante la ley. La Argentina se enorgullece de haber abierto las puertas “a todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”, como proclama el Preámbulo, y de haber garantizado a los extranjeros residentes los mismos derechos civiles que a los nacionales (art. 20, CN). Con todos nuestros defectos e inconvenientes, el viejo “crisol de razas” sigue vigente. No nos une tanto el pasado como el futuro, al amparo de los valores que establecieron nuestros constituyentes y que fueron adquiriendo nuevos perfiles a medida que avanzaba la historia.

Si algún prefecto actuó mal en Villa Mascardi, debe ser sancionado, pero la Argentina no puede renunciar al ejercicio de su soberanía y de sus leyes en una parte de su territorio.