La diputada nacional Elisa Carrió (CC-ARI) presentó este viernes una denuncia para que se investigue a los exministros de Defensa Nilda Garré, Arturo Puricelli y Agustín Rossi; y al exjefe de Gabinete de Asesores del Ministerio, Raúl Garré, por la posible conformación de una asociación ilícita ante supuestas irregularidades que se habrían cometido en las reparaciones de la flota de mar y fuerza de submarinos durante el período 2005-2015.

Al cumplirse un mes de la desaparición del submarino ARA San Juan, además de pedir la investigación sobre Garré y Rossi -quienes actualmente son diputados del FpV-PJ-, la socia de Cambiemos incluyó a las autoridades y representantes del Complejo Industrial y Naval Argentino (CINAR), formado por la integración de los astilleros Tandanor y Almirante Storni -ex Domecq García-, y por las autoridades de la Armada Argentina.

“Ha llegado a nuestro conocimiento información sobre diversas irregularidades cometidas en los procesos de reparación de la flota de mar y submarinos, en distintos casos, además del ARA San Juan, las que nos vemos obligados a poner en conocimiento de la justicia, para su debida investigación”, señaló en el escrito la legisladora.

Consideró que es “indispensable” que “la Justicia inicie una pronta investigación respecto de diversos hechos irregulares que aquí venimos a poner en conocimiento, los que podrían configurar distintos delitos en contra de la administración pública”.

“Incluso entendemos que podrían ser parte de una maniobra generalizada o ‘matriz de corrupción’ desarrollada durante el período comprendido entre los años 2005-2015, dentro de la Armada Argentina”, continuó.

Apoyada por una nota periodística del diario La Nación, Carrió resaltó que “distintos medios periodísticos dieron cuenta de una investigación interna del propio Ministerio de Defensa que habría alertado sobre irregularidades en la compra directa de las baterías del ARA San Juan. De acuerdo con un artículo del periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, la investigación desarrollada por expertos de Defensa entre 2015 y 2016 determinó que la Armada habría incumplido los estándares normativos y operativos para la reparación de media vida y el recambio de baterías; también que se buscó direccionar la compra de suministros para beneficiar a ciertos proveedores y que, en ese proceso, se habrían adquirido insumos con garantías vencidas y cometido delitos”.

La denuncia presentada por la líder de la Coalición Cívica hace referencia, también, a una evaluación realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre la ejecución física y financiera del Proyecto de Reparación Media Vida Submarino S-42 ARA San Juan, llevado a cabo en el período de tiempo comprendido entre agosto de 2007, momento en el cual el submarino ingresó al Complejo Industrial y Naval Argentino (CINAR), hasta la fecha de finalización de los trabajos con el acta provisoria del final de obra del mes de julio de 2015. “A partir del trabajo realizado por el referido órgano de control se identificaron hechos susceptibles de ser encuadrados en tipos penales, y que, por ende, deben ser investigados y sancionados por la justicia”, explicó.

“Más allá del análisis que puede hacerse de cada irregularidad, resulta importante dimensionar la implicancia de los hechos a los que nos estamos refiriendo y el entramado de relaciones que resulta evidente, lo que nos permite identificar algo más que ilícitos aislados. Entendemos que resulta necesario investigar la posible existencia de una asociación ilícita entre los exfuncionarios del Ministerio de Defensa involucrados, las autoridades de la Armada mencionados, y los representantes del Complejo Industrial y Naval Argentino (CINAR)”, concluyó.