Los legisladores de Unidad Ciudadana le exigieron al ministro de Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, que “arbitre las medidas de su competencia en pos de garantizar la seguridad de las personas que participen de la movilización en rechazo a la reforma previsional impulsada por el oficialismo con motivo de la sesión convocada para este lunes” y pidieron que la intervención policial se desarrolle según lo establecido en las leyes.

Asimismo expresaron su “preocupación frente a los reiterados hechos de violencia policial que se sucedieron en las últimas movilizaciones masivas” y advirtieron que “en el último año, las fuerzas de seguridad de la Ciudad han recrudecido el uso de la violencia en los procedimientos realizados en el marco de manifestaciones públicas, vulnerando derechos fundamentales, tales como el derecho de protesta y de libre expresión”. Además, recordaron que “desde su conformación, la nueva Policía de la Ciudad ha protagonizado varios operativos que culminaron en represión”.

“El uso desproporcionado de la fuerza como así también la presencia de efectivos sin identificación y la persecución a los trabajadores de prensa son algunas de las irregularidades en las que incurren las fuerzas de seguridad”, afirmaron y señalaron que “no hay claridad sobre los protocolos de intervención y de uso de armas disuasivas que se encuentran vigentes y se utilizan durante las manifestaciones, lo que habilita un uso indebido de las mismas”.

En este sentido subrayaron que “la Ley de creación del Sistema Integral de Seguridad Pública en la Ciudad fue producto de un amplio debate entre todas las fuerzas políticas” y remarcaron que “uno de los principales avances incluidos en la nueva ley fueron los artículos 99 y 100 que regulan el accionar policial en caso de manifestaciones públicas”. No obstante, indicaron que “a un año de su sanción, y tal como lo hemos reflejado en numerosos pedidos de informe presentados en la Legislatura que nunca han sido contestados, vemos como ésta ley se incumple sistemáticamente, poniendo en riesgo los derechos de los participantes de las distintas movilizaciones sociales”.

​Por último, le solicitaron a la policía “atenerse a las bases y principios consagrados en la normativa local e internacional respecto a intervención de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, garantizando el respeto y la protección de los derechos de los participantes”.