Tras la sanción de la nueva fórmula jubilatoria, la Cámara baja debate el proyecto del Ejecutivo. El oficialismo contará una vez más con respaldo de otros bloques. Se estima que la votación se producirá cerca de la medianoche.
Después del huracán de la reforma previsional, el interbloque Cambiemos se apresta a cumplir con el segundo capítulo de la ola reformista lanzada por el presidente Mauricio Macri. El oficialismo se encamina a darle media sanción al proyecto de ley de reforma tributaria, también acordado con los gobernadores del peronismo.
“Estamos ante la reforma más ambiciosa y profunda que se ha hecho en las últimas décadas”, destacó al inicio del debate el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina (Pro).
El economista reconoció que “el punto de partida es delicado” por el “elevado déficit”, aunque recalcó que la presión tributaria bajó dos puntos desde la asunción de Mauricio Macri. “Por eso proponemos que todas las reformas se hagan en un plazo gradual de cinco años”, dijo.
Según cálculos preliminares del Ministerio de Hacienda que citó Laspina en el recinto, la carga impositiva bajará 1,5 puntos del PBI durante ese período.
El macrista enumeró los objetivos de la reforma: “incentivar la inversión”, “formalizar el mercado laboral”, “mejorar la competitividad”, “mejorar la equidad y la eficiencia del sistema tributario” y “luchar contra la evasión”.
Como contracara, el exministro de Economía, Axel Kicillof, sostuvo que la reforma en discusión “le perdona impuestos a los que más ganan e intenta trasladar la carga tributaria a los consumidores y a los pobres”.
“Esta ley forma parte del ‘paquetazo’ de reformas neoliberales que el Gobierno tuvo escondido toda la campaña, y que sacó a la luz ni bien terminaron los comicios”, denunció Kicillof, miembro informante del Frente para la Victoria-PJ.
En respuesta a Laspina, el legislador advirtió que el Gobierno redujo la presión tributaria en dos puntos del PBI porque bajó “los impuestos a las mineras, a los grandes patrimonios, y con la amnistía a los evasores” a través del blanqueo.
Por su parte, Marco Lavagna, del Frente Renovador, consideró que la iniciativa “no trabaja sobre el fondo de la cuestión, que es cambiar la matriz impositiva en Argentina”, y mencionó puntos positivos y negativos.
Entre los aspectos que destacó, se refirió a la implementación del impuesto a la Renta Financiera, pero en cambio cuestionó que se rebajen aportes patronales “sin tener en consideración el efecto que puede tener sobre el sistema previsional”.
A su turno, por el bloque Justicialista, Diego Bossio opinó que “hay que exigir a los empresarios que pongan lo que tienen que poner”.
“Si no hay una vocación real del Ejecutivo y del sector empresario de invertir en Argentina, no hay ningún beneficio que alcance”, dijo.
“Nos quedamos a mitad de camino con esta reforma. No termina de ser lo suficientemente agresiva”, observó Bossio, aunque admitió que “hay un límite, que son los 638 mil millones de pesos que tenemos de déficit”.
Martín Lousteau, de Evolución Radical, apuntó a la “falta de certezas” sobre el impacto de la futura ley en las provincias y se quejó del tratamiento exprés que tuvo el tema.
“No sabemos a ciencia cierta cuál es el cuerpo definitivo de lo que estamos debatiendo”, lamentó Lousteau, y desafió a “que los diputados que sepan cuánto impacta la reforma en sus provincias, levanten la mano”.
Puntos principales
El proyecto el Poder Ejecutivo promueve la rebaja de impuestos distorsivos, grava la renta financiera y modifica gravámenes internos, como los que alcanzan al tabaco -se fija una alícuota del 73%- y los combustibles.
La reforma es de carácter gradual y en un plazo de cinco años -es decir, hasta 2022-, se espera un alivio en la presión tributaria equivalente al 1,5% del PBI, para alentar la inversión y la creación de empleo.
Con ese horizonte, los gobernadores de 23 de los 24 distritos se comprometieron, con la firma del Consenso Fiscal, a bajar los impuestos a Ingresos Brutos y Sellos.
En el caso de las bebidas azucaradas, el Gobierno dio marcha atrás y aceptó mantener el actual impuesto del 4% para aquellas gaseosas que tienen jugo de limón y 8% para las analcohólicas, con o sin azúcar.
Las empresas no pagarán aportes patronales hasta una remuneración bruta de 12 mil pesos para 2022, en una escala que comienza el año próximo con 2.400 pesos, sigue en 2019 con 4.800 pesos, en 2020 con 7.200 pesos y en 2021 con 9.600 pesos.
Otro eje de la reforma es la exención del impuesto a las Ganancias para los inversores no residentes, salvo en el caso de Lebacs.
Para incentivar la inversión, se fijan incentivos para la reinversión de utilidades -se reduce la alícuota del impuesto a las Ganancias de 35% a 25%-, y se establece la devolución anticipada de saldos de IVA por las inversiones que hagan las compañías a largo plazo.
