La diputada nacional Carolina Moisés presentó una cuestión de privilegio por la detención de 25 personas en su provincia, Jujuy, como así también las autoridades del Ingenio La Esperanza, todo lo cual por desalojo sin orden judicial, denunció. La legisladora sostuvo que la situación se desbordó y responsabilizó por ello al gobierno provincial.

Según señaló, en el ingenio ya se han despedido a 380 personas en noviembre, y alertó sobre la tensión que se viene viviendo en ese ingenio que no es privado, dijo, sino que tiene una administración del gobierno provincial, pues está en quiebra desde hace 20 años.

Moisés sostuvo que los trabajadores fueron reprimidos este miércoles cuando protestaban en la ruta 34 contra los despidos y por el pago de sueldos, aguinaldo y el bono de fin de año. “No estamos hablando de una represión a piqueteros u organizaciones sociales, sino personas trabajadoras que ayer fueron encarceladas”, se quejó, cuestionando que el Gobierno provincial les estuviera ofreciendo a cambio un empleo en el Estado.

Tiempo después, salió a contestarle la diputada radical jujeña Alejandra Martínez, quien sostuvo que su comprovinciana atacaba “al proyecto político que lleva adelante la provincia de Jujuy”. Recordó que ese ingenio lleva veinte años en quiebra, y aclaró que “el Gobierno anterior nada hizo por resolver el problema de fondo de esa empresa”. Contó que “lo que pasó ayer fue que un grupo de delincuentes ha roto la municipalidad de La Esperanza, San Pedro, quisieron quemar la destilería, hubo 19 policías heridos”.

Señaló que el gobernador de la provincia dio el miércoles por la tarde una conferencia de prensa ratificando el proyecto productivo que está en marcha, y que buscaba resolver el problema. En ese marco, dijo, se pretendía respetar a cada uno de los trabajadores del ingenio. Aclaró que no hay ninguna posibilidad de recuperar ese ingenio con esa cantidad de empleados: 600 van a quedar, 300 tendrán la opción de la indemnización total o parcial, pero quedarán en planta permanente dentro del Estado provincial. Y alertó que “estos delincuentes lo que pretenden es que se liquide el ingenio. Hay espúrios intereses que pretenden esta liquidación para que luego se pueda comprar por dos pesos… Hay grupos alentados por los que perdieron las elecciones”.

La diputada Martínez detalló que el Gobierno provincial destina 500 millones de pesos para sostener ese ingenio, por lo que “es imprescindible una solución de fondo”.

Tras remarcar que “necesitamos la paz”, no olvidó hacer referencia a Milagro Sala, “otra delincuente que solo se hacía pasar por dirigente social. La Corte Suprema ha ratificado las decisiones de la provincia de Jujuy” con respecto a la líder de la Tupac Amaru y concluyó diciendo que “no queremos más delincuentes, y fundamentalmente no queremos más violencia”.

Al final de las cuestiones de privilegio, a pedido de la diputada Nathalia González Seligra se votó un pedido de apartamiento de reglamento para discutir un proyecto condenando “la represión” en Jujuy, moción que solo obtuvo 68 votos a favor y 113 en contra.