Por Diego Isabella. El autor advierte que el propio cuerpo representativo de los abogados ha omitido ejercer sus funciones legales en procura de los intereses de la Caja de Previsión Social.
El pasado 11 de diciembre el juez en lo contencioso administrativo de Pergamino doctor Luciano Savignano, en la causa “Mascali, Andrés Alejandro c/Caja de Previsión Social abogados provincia de Buenos Aires s/pretensión declarativa de certeza”, hizo lugar a la demanda interpuesta por un abogado contra la Caja, declarando que las deudas en concepto de Cuota Anual Obligatoria (CAO) – que sería el “aporte provisional” de los abogados matriculados de Buenos Aires – debe actualizarse por tasa pasiva como manda el art., 24 de la Ley 6.716 y la doctrina legal de la Suprema Corte Provincial.
En efecto, y hasta el fallo judicial, la Caja aplicaba para la actualización de deudas previsionales la tasa activa. Ese índice es el más gravoso, y se aparta además de la que estipula la normativa vigente para la actualización de tales deudas.
Lo extraño es que la Caja desconozca su propia ley orgánica en desmedro de los abogados que en definitiva son los beneficiarios del sistema.
Es lamentable que los propios colegas tengan que acudir una vez más a la Justicia en defensa de sus derechos frente a una Caja que en lugar de protegerlos los perjudica rechazando sus reclamos.
Lo grave además es que el Colegio de Abogados de San Isidro ha rehusado tomar postura frente a este conflicto, pese a ser eso requerido por el juez interviniente.
Es decir, ha omitido ejercer sus funciones legales en procura de defender los derechos e intereses de sus matriculados.
Ello es otra muestra más que los abogados no estamos debidamente representados por la dirigencia actual del Colegio de Abogados arraigada en el poder hace más de 30 años y expone la necesidad de oxigenar la conducción colegial.
