Fue publicado este jueves en el Boletín Oficial el decreto 1076/17, a través del cual el Ejecutivo observó dos artículos de la Ley 27.418, que crea un Régimen de Incentivos, Promoción y Desarrollo de la Industria Naval Argentina.

El Gobierno rechazó los artículos 10 y 13 de la norma que fue sancionada por el Congreso el pasado 29 de noviembre. En el caso del 10 se establecía que el PEN otorgará una asignación específica, denominada Fondo para el Desarrollo de la Industria Naval Nacional (FODINN), en el marco de los fondos fiduciarios constituidos y administrados en el ámbito del Ministerio de Producción, como Fondear, o los que se creen en el futuro, así como líneas de financiamiento y sistemas de garantías específicas para el sector a partir de programas existentes.

El mismo artículo indicaba que esa asignación no podría ser inferior a 1.500 millones de pesos por año, actualizados conforme al índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB), o por el índice que eventualmente lo reemplazare, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según el Ejecutivo, este punto es “ambiguo” y “no quedando claro si la asignación específica allí establecida implica una nueva asignación de gastos no previstos en el presupuesto general o, por el contrario, si dicha asignación implica la creación de una línea específica con un monto mínimo anual, dentro de los fondos fiduciarios administrados por el Ministerio de Producción”.

“La determinación de un monto mínimo anual con un fin específico no previsto por las normas que rigen los fondos fiduciarios vigentes, sin conocer el estado de situación ni disponibilidad de fondos de cada uno de ellos, conlleva en un claro avasallamiento de las facultades de administración de la Autoridad de Aplicación a cargo de dichos fondos”, se argumenta en los considerandos del decreto.

Además, se observó el artículo 13 que establecía que en el supuesto de que el Régimen creado por el Decreto N°379/01 pierda vigencia antes de los diez años a contar desde la fecha de promulgación de la Ley, el PEN deberá establecer un sistema igual “para los bienes incluidos en determinadas posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) que allí se definen, en los términos y condiciones en que se hubiera fijado la última modificación, hasta que se cumpla el período de diez años referido previamente”.

Para el Gobierno, este punto “también configura una indebida injerencia en las facultades propias del PEN, al establecer la obligación de mantener un régimen de promoción para un sector determinado de la economía por un período de diez años”.