En la última sesión del año en el Senado, el último pliego en ingresar para cumplir el trámite de su designación fue el de un nombre conocido: Rubén Darío Giustozzi. No es otro que quien fuera hasta el 10 de diciembre pasado diputado nacional del bloque Juntos por Argentina.

Lo cierto es que el exintendente de Almirante Brown fue propuesto por el Poder Ejecutivo como embajador en Ecuador, para ocupar el lugar dejado por el exsenador Luis Juez, quien debió dejar esa representación diplomática tras una polémica generada por expresiones despectivas del cordobés.

El pliego de Giustozzi fue girado a la Comisión de Acuerdos, que se constituirá en febrero del año que viene, fecha en la que para entonces será aprobada su designación.

Giustozzi fue intendente de Almirante Brown entre 2007 y 2013, oportunidad en la que secundó a Sergio Massa en la lista del Frente Renovador con la que enfrentó y derrotó al kirchnerismo. Fue uno de los cinco precandidatos a gobernador que tenía el massismo de cara a 2015, pero finalmente se enojó con el tigrense al no haber aquel privilegiado la relación entre ambos y bendecirlo para competir por la gobernación. En ese contexto, Giustozzi se alejó del massismo y armó el bloque Juntos por Argentina. Paralelamente compitió como precandidato a intendente de Almirante Brown, por el Frente para la Victoria, cayendo derrotado ante el actual intendente Mariano Cascallares, hombre cercano a Daniel Scioli.

En noviembre pasado, el juez federal Sergio Torres procesó a Darío Giustozzi, en el marco de una causa que investiga las irregularidades en una obra cloacal en Claypole que no funciona.

En el fallo, el magistrado dictó el procesamiento sin prisión preventiva por el delito de “administración fraudulenta” y lo embargó por tres millones de pesos. Esto mismo ordenó para el exjefe comunal Daniel Bolettieri, quien en ese entonces se desempeñaba como secretario de Infraestructura del Municipio y luego sucedió a Giustozzi; y para Luis Carusso, exdirector de Hidráulica y Saneamiento local.

El juez estimó un perjuicio de casi cinco millones de pesos para las arcas del Estado. Se trata de la construcción de un sistema desvinculado de recolección y tratamiento de efluentes cloacales en Claypole, el cual no funciona a pesar de haber sido terminado. La obra comenzó en 2009 y finalizó en 2015.

Esas obras en el municipio de Almirante Brown quedaron bajo observación cuando el juez Torres se hizo cargo, por orden de la Corte Suprema de Justicia, de la supervisión y control de los trabajos para proveer de agua potable y cloacas en el plan de saneamiento de la cuenca del Riachuelo-Matanza. El juez detectó irregularidades, hizo la denuncia y le tocó por sorteo a su juzgado.