Luego de que la Legislatura porteña aprobará una prorroga al traslado del Mercado de Hacienda a La Matanza en septiembre del pasado año, ahora la medida demorará aún más en concretarse dado que el Juzgado Federal N°2 hizo lugar al amparo solicitado por la intendenta de ese distrito, Verónica Magario, a fin de prohibir el avance de las obras del traslado de dicho mercado del barrio de Liniers a terrenos de la localidad de Aldo Bonzi.

De esta manera, el juzgado ordenó “la suspensión de toda obra que altere el inmueble” y exigió que “en el plazo de cinco días, la Corporación del Mercado Central, el Ministerio de Agroindustria, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Mercado de Hacienda de Liniers brinden la información respecto del interés público comprometido, así como las condiciones de admisibilidad y procedencia del traslado indicado, información negada hasta la fecha a la Municipalidad no obstante reiterados pedidos en tal sentido”.

El proceso de traslado del Mercado de Hacienda de Liniers a un predio de la Corporación del Mercado Central, ubicado en La Matanza , comenzó el 7 de octubre de 2016, cuando el Gobierno Nacional a través del secretario de comercio de la Nación, la gobernadora María Eugenia Vidal y la Ciudad instruyeron por escrito y de manera reservada a las autoridades del Mercado Central para que avancen en el traslado, lo que derivó en la posterior firma de un convenio para formalizar el proyecto.

Al respecto, Magario había denunciando que “fue un acta firmada casi en secreto como se manejan las mafias y así tirarnos más de un millón de animales por año en los barrios de La Matanza, para quitarle un problema ambiental a los porteños y garantizarles un gran negociado a los dueños de las vacas” y advirtió sobre “el enorme perjuicio que supondría la instalación de ese negocio en el territorio del municipio”.

“Nunca nos informaron, jamás nos consultaron y ni siquiera respondieron las cartas que les envié”, aseveró y sentenció que “tuvimos que llegar a una instancia judicial porque intentan imponer un proyecto por la fuerza, mediante caminos ilegales e inconstitucionales, en contra de los vecinos y de toda la comunidad”.