Argentina salió de la emergencia económica

La misma había sido establecida por ley en enero de 2002, tras la caída de Fernando de la Rúa y la sucesión de presidentes hasta llegar a Eduardo Duhalde. Desde entonces había sido prorrogada por los sucesivos gobiernos. Cuando se aprobó, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner se abstuvo.

Fue un “regalo de reyes” del año 2002. Cuando el país trataba de salir de una crisis político institucional inédita, el Congreso argentino declaró la emergencia pública. En rigor, sancionó la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario.

La norma otorgó a partir de entonces a todos los gobiernos que vinieron desde entonces una serie de facultades delegadas que ahora llegan a su fin.

La norma se renovaba cada dos años y no fue incluida en el paquete de leyes enviado por el Poder Ejecutivo el año pasado al Congreso de la Nación.

La ley permitía al Poder Ejecutivo modificar contratos con las empresas extranjeras de servicios públicos, crear un impuesto extraordinario a las compañías petroleras, suspender los despidos de personal durante los próximos tres meses y convertir a pesos la mayoría de los créditos que los bancos otorgaron en dólares.

El proyecto fue convertido en ley por el Senado
, donde el justicialismo, con cuatro excepciones y con el aval de la mayoría del radicalismo, se impuso en la votación y ratificó la media sanción que horas antes había conseguido en Diputados.

El bloque justicialista votó la medida, aunque se encontró con las abstenciones de la puntana Liliana Negre de Alonso, de los santacruceños Cristina Fernández de Kirchner y Nicolás Fernández, y de la salteña Sonia Escudero, quienes coincidieron al decir que anteponían sus convicciones a la disciplina de bloque.

¿Qué decía la ley de emergencia sancionada originalmente? Entre sus puntos principales facultaba al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, y dictar regulaciones cambiarias.

Se delegaban al PEN facultades para reordenar el sistema financiero, bancario y cambiario; reactivar el funcionamiento de la economía y mejor el nivel de empleo y distribución de ingresos; crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública.

Se pesificaban las deudas en dólares en el sistema financiera por créditos hipotecarios, prendarios, personales, automotores y de las pymes cuyo importe no fuese superior a 100.000 dólares.

El PEN dispondría las medidas tendientes a preservar el capital perteneciente a los ahorristas que hubieran realizado depósitos en entidades financieras.

La norma establecía que quienes tuvieran deudas en pesos pagaran la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitía la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas.

Modificaba ña ley de convertibilidad para el Banco Central pudiera comprar y vender divisas con recursos propios o emitiendo los pesos necesarios para ese fin. Afectaba las reservas del BCRA (oro y divisas extranjeros) al respaldo de la base monetario.

Declaraba inembargables las reservas del Banco Central, y se prohibía la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos y otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes o obras o servicios.

Autorizaba al PEN a renegociar los contratos de servicios públicos, teniendo en cuenta el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía, la calidad de los servicios, y el interés de los usuarios, la accesibilidad de los servicios y la rentabilidad de las empresas.

Entre otras cosas, facultaba al Ejecutivo a establecer derechos temporarios a las exportaciones de hidrocarburos por cinco años y afectarlos al financiamiento de parte de la reestructuración de esas deudas.

El Senado dio sanción definitiva al proyecto de ley de Emergencia Económica, Administrativa y Pública, que derogaba la convertibilidad y pesificaba las deudas de las tarjetas de crédito, las tarifas de servicios públicos y las deudas con el sistema bancario que no superen los 100.000 dólares.

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