Tras un trabajo conjunto con diputados oficialistas, la Oficina Anticorrupción (OA) culminó con el borrador del proyecto para modificar la Ley de Ética Pública. Según reveló el diario La Nación, en la iniciativa se prevén cambios en las declaraciones juradas y en la prevención de conflictos de intereses.

Una de las modificaciones será que, además de publicar sus bienes, los funcionarios tendrán que detallar en sus DDJJ “las actividades laborales anteriores y los vínculos con asociaciones o fundaciones”, especificó el matutino. Además, volverán a ser públicos los bienes de los cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, para evitar “prestanombres”.

En lo que respecta a los conflictos de intereses, situaciones repetidas en el actual Gobierno nacional, se establecerá la prohibición para “realizar una actividad en el ámbito privado sobre la que el funcionario tenga atribuciones”, “proveer bienes o servicios al organismo en el que ejerce su competencia” e “intervenir en gestiones judiciales contra el Estado”.

Los funcionarios “deberán desprenderse de acciones y títulos que estén vinculados con su función”, pudiendo venderlas o ponerlas en un fideicomiso ciego. También, no podrán “designar parientes o amigos en la repartición a su cargo”, aunque nada dice respecto de otras áreas del Estado.

Otro de los puntos es el que compete al titular de la OA, hoy a cargo de Laura Alonso, quien será nombrado por el presidente, “para luego celebrar una audiencia pública abierta a observaciones”. Se propone, además, que el cargo dure cinco años, con posibilidad de reelección.