Eduardo Barcesat y Julián Domínguez promueven una causa criminal contra las cabezas del Poder Ejecutivo por “violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.
Volvió al ruedo el expresidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez, ahora en su rol de abogado, pues junto con el constitucionalista Eduardo Barcesat presentaron una denuncia contra el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros que firmaron el DNU 27/18 que busca desburocratizar y simplificar la administración pública nacional.
La presentación argumenta que el decreto “quiebra la división de poderes”, por cuanto pretende derogar y/o modificar leyes con “la finalidad de achicar el Estado para agrandar los negocios”.
La denuncia se hizo efectiva en el juzgado criminal y correccional federal N°4 a cargo del juez Ariel Lijo, con intervención del fiscal Ramiro González, y pide investigar la supuesta “violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso con malversación de caudales públicos y prevaricato de los funcionarios abogados del Gobierno Nacional”.
La presentación cuenta con el respaldo de figuras del kirchnerismo como la diputada Nilda Garré, la exembajadora Alicia Castro, la rectora de la Facultad de Periodismo de la UNLP Florencia Saintout y Atilio Borón, entre otros, y refiere que “el propio presidente convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias, en las que pudo haberse dado tratamiento, como proyecto de ley, a los 192 artículos que integran el mentado DNU”.
“Entre las materias vedadas para la emisión de DNU, conforme el texto constitucional, se encuentran la penal y la tributaria, siendo que el DNU 27/2018 inficiona ambas materias”, advierte la denuncia, en la que se sostiene que “este obrar del conjunto del PEN comporta un severo quiebre del sistema y doctrina del Estado de Derecho, cuya piedra basal es la división de poderes”.
