Previsiblemente duro fue el documento emitido al cabo del encuentro sindical convocado en Mar del Plata por Luis Barrionuevo y del que participaron los líderes de la CGT, Hugo Moyano y Sergio Palazzo, entre otros. Allí ratificaron el rechazo a la reforma laboral, pidieron la derogación de la reforma previsional, e incluso rechazaron el mega DNU emitido por el Poder Ejecutivo la semana pasada para la desburocratización del Estado.

Sin la presencia de los gordos e independientes, más otras corrientes más dialoguistas, la reunión se celebró en el Hotel Sasso de Mar del Plata, perteneciente al gremio de los gastronómicos, de Luis Barrionuevo, y contó con la presencia también del diputado nacional Facundo Moyano, Julio Piumato y Omar Maturano, entre otros.

En el comunicado emitido por la CGT, titulado “Quien quiera oir que oiga”, reclaman a los legisladores que “no acompañen con su voto la sanción de leyes que vulneran y cercenan derechos de los trabajadores y los sectores más desprotegidos de la sociedad”.

Repudian además “enérgicamente los recortes a los jubilados y reclamar la derogación de la ley sancionada en la materia y poner a disposición de nuestros compañeros nuestros servicios de asesoramiento jurídico gratuito para iniciar acciones judiciales y todas las medidas pertinentes”.

Además de exigir “negociaciones paritarias libres y sin topes”, la declara ción de Mar del Plata señala en su punto 3 que “habida cuenta que el Poder Ejecutivo impulsó la reforma laboral en un contexto donde la verdadera intención era la reforma previsional que conlleva la rebaja del ingreso de los sectores más desprotegidos de la sociedad, decidimos no acompañar el proyecto de reforma laboral presentado en el Senado por el Poder Ejecutivo”.

Asimismo rechazan el DNU 27-18, “particularmente en lo atinente a los temas laborales (inembargabilidad del sueldo, tal como rezan las resoluciones de la OIT), prohibición de disposición de los fondos del ANSES para la timba financiera, desfinanciamiento del sistema de Seguridad Social), por ser notoriamente inconstitucional”.

En otro de los puntos anticipan la convocatoria de técnicos, asesores y “a todos los compañeros para elaborar un programa básico de coincidencias, respecto al destino y modelo de país”.

La declaración sindical habla de “un gobierno de CEO'S directores, accionistas, dueños de empresas nacionales y multinacionales que en una clara afrenta a la ley de ética pública asumían sus cargos con total desparpajo conservando acciones e injerencias en sus empresas y beneficiando claramente de manera ostensible sus propios intereses”.

“Y como para la construcción de un relato desde un lugar confortable, se necesita un enemigo, todo aquello que se opusiera era el pasado, era el peronismo, eran los sindicatos, mezclando en la comunicación situaciones de funcionarios, sindicalistas y algunos (por cierto, pocos) empresarios investigados por corrupción”, agrega.

Para los gremialistas, “es imposible pensar una mejor institucionalidad y calidad democrática, mientras se sancionen leyes como la reforma previsional y tributaria que sigue favoreciendo a los sectores concentrados de la economía y castiga a los más amplios sectores alcanzados por la seguridad social, tal el caso de los compañeros jubilados y pensionados a quienes se les ha disminuido el ingreso”.