Las querellas comenzaron a pedir que el caso pase a esa instancia. La expresidenta y senadora fue procesada el pasado 7 de diciembre por el juez federal Claudio Bonadio.
Horas antes de que se cumpliera un nuevo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), querellante en la causa que investiga el presunto encubrimiento a Irán en el atentado a la AMIA, pidió la elevación a juicio oral y público. En el mismo sentido lo harán prontamente familiares de las víctimas del ataque a la mutual judía y el fiscal federal Eduardo Taiano.
Entre los acusados se encuentran la expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner, el excanciller Héctor Timerman, el exsecretario General de la Presidencia Oscar Parrilli, el diputado nacional Andrés Larroque, y otras ocho personas.
El 14 de enero de 2015, cuatro días antes de ser encontrado muerto de un disparo en la cabeza, Nisman presentó su denuncia penal, en la que acusó a la exmandataria y los exfuncionarios por “decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de fabricar la inocencia de Irán” en la investigación por el atentado perpetrado en Buenos Aires en 1994. Primero fue desestimada y en 2016 se reabrió.
Según el fiscal, la “maniobra” había comenzado antes de llegar a la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, en enero de 2013, por el cual se creaba una Comisión de la Verdad con juristas de ambos países y extranjeros para que analicen el caso y habilitaba al juez Rodolfo Canicoba Corral y a Nisman a viajar a Irán para tomarles indagatoria a los acusados.
Por esta causa, Cristina Kirchner tiene dictada la prisión preventiva con un pedido de desafuero, que el juez federal Claudio Bonadio envió al Senado el pasado 7 de diciembre. Aunque en su fallo Bonadio procesó a la exjefa de Estado acusándola de “traición a la Patria”, esta figura fue rechazada por la Cámara Federal, que ratificó el procesamiento y estableció los delitos de “estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado”.