Con la misma, “la Justicia extiende los brazos al territorio”, sostuvo el legislador massista. La iniciativa crea la figura del “detective en función judicial”, formado en criminalística, que tendrá a cargo la continuidad de la línea investigativa.
El diputado bonaerense del Frente Renovador Ramiro Gutiérrez aseguró que con la recientemente promulgada Ley de Policía Judicial, “la Justicia extiende los brazos al territorio”.
En declaraciones a radio Provincia, el legislador se refirió a la ley de su autoría que crea la nueva Policía Judicial y relató que la norma “la hemos trabajado junto a la Procuración para fortalecer el Poder Judicial”.
“La Constitución obligaba a tener una Policía Judicial y nunca se concretó. Ahora hubo una fuerte decisión política de ponerla en marcha”, destacó y subrayó la celeridad con que María Eugenia Vidal la promulgó.
Luego precisó que la iniciativa -que había sido sancionada en diciembre último en la Legislatura bonaerense- “genera que, a partir de un hecho violento, quien llegue a una escena del crimen no es otro Poder sino el Judicial que extiende sus brazos al territorio y deposita un investigador que estará formado en criminalística, toma la línea de investigación y busca a los autores y cómplices”.
Sostuvo que “es un equipo técnico que va a depender del fiscal, que permite que su personal llegue a la escena del crimen y levante las evidencias necesarias” y detalló que “es una Ley que tiene que buscar el foco caliente y allí tener un efector descentralizado”.
La nueva Ley de Policía Judicial, que deroga la Ley 14.424 (votada en 2012 y nunca puesta en funcionamiento) cumple con la manda Constitucional del artículo 166 que le impone al Poder Legislativo la obligación de organizar a la Policía Judicial, “con una norma idónea, eficaz y de implementación programática” consideró Gutiérrez.
La Ley crea la figura del detective en función judicial quien tendrá a cargo la continuidad de la línea investigativa conforme las directivas que le imparta el Agente Fiscal.
También crea una nueva agencia investigativa y técnico científica dependiente de la Procuración General de la Suprema Corte para la instrucción de causas con delitos de mayor impacto y transcendencia social.
La norma prevé además la creación de un área científica encargada de los trabajos de estudio y análisis de los elementos de prueba a cargo de profesionales de distintas áreas que resultan imprescindibles para una investigación eficaz.
