Diputados massistas, quienes concurrieron este martes al Palacio de Justicia, aseguraron que la norma es “inconstitucional” porque “no hay ni necesidad ni urgencia”. “Tranquilamente se puede tratar por la vía de la ley”, reclamó Graciela Camaño.
Acumula rechazos en el plano judicial el mega DNU 27/2018 de “desburocratización y simplificación del Estado”, firmado por el presidente Mauricio Macri y publicado en el Boletín Oficial el pasado 11 de enero. A la denuncia penal de la semana pasada contra funcionarios, se sumó una acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por diputados nacionales del Frente Renovador.
La jefa del bloque massista, Graciela Camaño, se presentó este martes en el Palacio de Justicia junto a sus pares Carla Pitiot, Marco Lavagna, José Ignacio De Mendiguren, Alejandro Grandinetti y Daniel Arroyo.
En declaraciones a la prensa, la diputada remarcó que “el decreto todavía no ingresó” al Congreso y que “es inconstitucional porque no hay ni necesidad ni urgencia”. “Esto tranquilamente se puede tratar por la vía de la ley, en la discusión parlamentaria”, sostuvo, además de advertir que la norma en su contenido “tiene aspectos penales e impositivos que le están vedados al Poder Ejecutivo”.
Camaño recordó que en el año 2010 ella realizó una presentación similar en relación al DNU firmado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para crear el Fondo del Bicentenario. “Lamento que algunos hombres y mujeres que hoy son del oficialismo, y que en ese momento cuestionaban este tipo de instrumentos al kirchnerismo, no estén acompañándonos”, disparó.
“Es una mora inaceptable que aún no se haya conformado la bicameral”, enfatizó y consideró que el Gobierno “está especulando al máximo con el decreto”, en referencia a los días que la comisión tiene para expedirse. En esa línea, subrayó que “está en vigencia” y agregó: “Es ilegal, no ingresó para que se expida la comisión bicameral, y tampoco hay visos de que se pueda expedir el Congreso”.
Sobre esto último, manifestó que los dictámenes de rechazo de DNU anteriores, firmados por la bicameral el año pasado, “no han sido tratados en el recinto”. “Esta es una particularidad del macrismo, de trampearle a la Constitución”, añadió. Por último, aseguró que las modificaciones que pretende el Ejecutivo “tenemos que discutirlas en el Congreso y hacerlo como corresponde”.
Por su parte, el legislador Daniel Arroyo consideró que el mega DNU “es un retroceso para la democracia y la vida cotidiana. “Esperemos que la Justicia lo tome y vaya para atrás”, dijo.
El massismo señaló que el decreto incluye “más de 190 medidas que apuntan a reformar el Estado, adjudicándole al Poder Ejecutivo facultades que avasallan las atribuciones del Congreso de la Nación, alterando las reglas del Estado de Derecho y la división de poderes que caracterizan al modelo republicano”.
“El decreto representa un abuso de poder ya que adjudica al Poder Ejecutivo facultades legislativas, avasallando competencias del Congreso nacional, considerando que no existen las condiciones de necesidad ni urgencia que constituyen requisitos ineludibles según la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señalaron desde el FR.
