La causa que motivó el fallido allanamiento a la sede de Madres de Plaza de Mayo estuvo impulsada por la quiebra que generó el proyecto habitacional que muchas veces generó la atención de los legisladores.
Nuevamente la organización Madres de Plaza de Mayo quedó en el centro de una polémica por razones ajenas a su creación. Y una vez más, por cuestiones judiciales. El allanamiento impedido por Hebe de Bonafini y compañía este lunes fue ordenado por el juez Javier Cosentino y fue parte de la causa por la quiebra de la Fundación de las Madres, generada por los juicios indemnizatorios de los trabajadores despedidos del proyecto Sueños Compartidos.
Precisamente ese proyecto que tuvo como caras visibles a los hermanos Shocklender y en el que Hebe de Bonafini sigue procesada, muchas veces generó la atención de diputados y senadores, que presentaron numerosos proyectos interesándose sobre el tema. En total hubo 23 iniciativas en ambas cámaras. Obviamente todos perdieron su estado parlamentario y ninguno de los pedidos de informes pudo avanzar jamás.
El primer pedido de informes presentado en el Congreso data de 2010 y corresponde a los diputados radicales chaqueños Carlos Urlich y Pablo Orsolini, ambos con mandato cumplido, sobre diversas cuestiones relacionadas al programa Sueños Compartidos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Recordemos que el Chaco fue una de las controvertidas sedes de esos emprendimientos desarrollados por las Madres.
Como contrapartida, otro diputado chaqueño -kirchnerista en este caso-, Antonio Morante, presentó en 2011 un proyecto para expresar su beneplácito por la firma de un convenio de cooperación institucional entre la Cancillería y la Fundación Madres de Plaza de Mayo, sobre la implementación del programa edilicio. Ese mismo diputado impulsó también entonces un proyecto de beneplácito por la difusión en 24 emisoras de su provincia del programa radial “Sueños Compartidos”.
Pero la oposición insistía. En junio de ese año el senador Luis Naidenoff presentó un pedido de informes sobre el programa de construcción de viviendas denominado “Misión Sueños Compartidos”. Casi al mismo tiempo el diputado Ramón Puerta presentó un pedido de informes en el mismo sentido.
El 27 de junio los diputados puntanos del Peronismo Federal Alberto Pérez, Nora Videla, Sergio Pansa y Mario Raúl Merlo presentaban un pedido de informes sobre los controles realizados por la Inspección General de Justicia en relación a la operatoria de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y su programa “Misión Sueños Compartidos”. Tres días después la senadora salteña Sonia Escudero solicitó medidas sobre la ejecución de viviendas y obras civiles por parte de la Fundación Universidad Madres de Plaza de Mayo y entidades vinculadas.
El primer día de julio de 2011 los diputados radicales Hipólito Faustinelli, Horacio Alcuaz, Ricardo Gil Lavedra y Atilio Benedetti, y la macrista Laura Alonso presentaron el primer pedido de interpelación al ministro Julio De Vido sobre la participación del Ministerio de Planificación en todo lo relacionado con el plan Sueños Compartidos. Al mismo tiempo, esos legisladores presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas para con la Fundación Madres para la financiación e implementación de todas y cada una de las obras incluidas en el plan.
En septiembre de ese mismo año, los radicales Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín pidieron crear una comisión especial destinada a investigar toda la actividad relacionada con la realización de obras financiadas por fondos públicos a cargo de las Madres y Sueños Compartidos. Casi al mismo tiempo la hoy ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un proyecto en el mismo sentido: crear una comisión especial investigadora sobre el destino de los fondos asignados con esos fines.
Un grupo de diputados de diversos partidos de la oposición pidió luego que Julio De Vido diera un informe verbal sobre el programa Sueños Compartidos. Lo impulsaron Lisandro Viale, Horacio Alcuaz, Verónica Benas, Ricardo Cuccovillo, Margarita Stolbizer y Miguel Barrios.
En septiembre de ese mismo año Patricia Bullrich le apuntó esta vez al titular de la Secretaría de Inteligencia, Héctor Icazuriaga y a Fernando Pocino, de ese mismo organismo, para que se presentaran ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia para informar sobre la participación de la SIE en protestas de los obreros de Sueños Compartidos.
Fernando Iglesias se involucró en el tema al presentar un pedido de informes al ministro Julio De Vido sobre declaraciones efectuadas en radio La Red el 29 de septiembre de 2011 relacionadas con el desmanejo financiero de Sergio Shoklender y su administración del programa Sueños Compartidos.
El siguiente proyecto tuvo lugar dos años después, cuando los diputados Elida Rasino, Fabián Peralta, Ricardo Cuccovillo, Omar Duclós y Victoria Donda presentaron uno para expresar su preocupación por la amenaza sufrida por el periodista Luis Gasulla el 22 de marzo de 2013 en Resistencia, Chaco. En el mismo sentido presentaron paralelamente y proyecto Patricia Bullrich, Paula Bertol, Carlos Brown, Gerardo Milman, Eduardo Amadeo y Ramona Pucheta.
En febrero de 2014 la senadora Liliana Negre de Alonso presentó un pedido de informes sobre diversas cuestiones vinculadas al informe de la Auditoría General de la Nación sobre la Fundación Madres de Plaza de Mayo y la Misión Sueños Compartidos. Un mes después, otra senadora, la radical Laura Montero, pidió informes sobre el reemplazo de la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda relacionada con el tema.
Meses después, otro diputado chaqueño, el radical Miguel Angel Tejedor, presentó un pedido de informes sobre la contemplación en el plan Sueños Compartidos de la designación original de algo más de 1.200 millones de pesos para construir casas, centros de salud y hospitales en la provincia del Chaco.
Ya en 2016, cuando el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi quiso indagar a Hebe de Bonafini, los diputados Leonardo Grosso, Silvia Horne, Carolina Gaillard, Araceli Ferreyra, Lucila De Ponti y Andrés Guzmán, presentaron un proyecto expresando su preocupación “por la orden de detención” dictada por el magistrado.
Bien atrás en el tiempo, en octubre de 2008, hubo en el Senado un pedido para declarar de interés nacional el proyecto social de construcción de viviendas “Misión Sueños Compartidos”. ¿Quiénes lo impulsaron? La senadora neuquina Nanci Parrilli y el rionegrino Miguel Angel Pichetto. Y en julio de 2008, la diputada Julia Argentina Perié presentó un proyecto para expresar su beneplácito por el convenio celebrado el 7 de junio de ese año entre la Fundación Madres de Plaza de Mayo y la provincia de Misiones, para la construcción de viviendas dentro del programa Sueños Compartidos.
