La provincia de Mendoza avanza en la aprobación del proyecto de ley de agroquímicos local, que ya cuenta con media sanción en el Senado y espera su tratamiento en Diputados, impulsada por la aparición de 34 cóndores muertos por un agrotóxico en Malargüe.

La iniciativa se basa en la necesidad de vender los productos bajo receta u orden de un ingeniero agrónomo para controlar su utilización, además de centrarse en el tratamiento de los envases. De aprobarse, Mendoza se convertiría en la primera provincia del país en tener una norma que regule el uso, fabricación y comercialización de agroquímicos.

En un comunicado, el gobierno mendocino detalló que el proyecto se centra en la regulación de “uso, fabricación, formulación, fraccionamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, exhibición, publicidad, y prescripción de los productos, sustancias o dispositivos destinados directa e indirectamente al uso agrícola, sean de origen natural o de síntesis, nacionales o importados”. Asimismo, se ocupa del “uso y la eliminación de desechos o residuos y la aplicación de nuevas tecnologías menos contaminantes”, se indicó.

Al respecto, el secretario de Ambiente mendocino, Humberto Mingorance expresó que mantuvo una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, para ajustar los últimos detalles del proyecto, y que “la prioridad es que se le dé tratamiento en cuanto se retomen las actividades legislativas en el próximo mes, teniendo en cuenta la necesidad de que sea aprobado, ya que éste tiene un amplio consenso de todos los sectores”.

Si bien hace tiempo que se debate, el disparador para apurar la salida de la norma fue la aparición de los 34 cóndores muertos en la localidad mendocina de Malargüe. “Es un hecho que nos ha golpeado a nivel ambiental, y nos debe hacer entrar en conciencia a todos los mendocinos de que debemos proteger la biodiversidad en todas las dimensiones”, expresó Mingorance, uno de los impulsores del proyecto.

En el Gobierno provincial coinciden que, si la iniciativa se convierte en ley, “no generará costos para el productor y se lo capacitará, habrá cuidado del medioamiente y se podrá realizar un seguimiento desde el origen hasta la aplicación”.