En el marco del debate generado en torno a la disposición impulsada por el Poder Ejecutivo para eliminar la presencia de parientes de funcionarios de altos rangos en la administración nacional, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, anticipó que el tema figurará en el proyecto a través del cual se buscará reformar la Ley de Etica Pública que esa dependencia enviará próximamente al Congreso para su debate.

Se apuntaría específicamente a evitar que la cuestión del nepotismo también se discuta en torno a los otros poderes, el Legislativo y el Judicial, más el Ministerio Público Fiscal.

Alonso quiere que el tema pueda ser discutido en el Congreso de la Nación, y recordó que la dependencia que ella encabeza está sometiendo a consulta pública durante un mes una propuesta de reforma integral de la Ley de Etica Pública. En declaraciones a radio La Red, Laura Alonso contó que pretende que sea el Congreso “el que dé esta discusión y establezca este régimen u otro pero que lo legisle para todo el Estado”, con el objeto de que se pueda lograr más transparencia.

En sus declaraciones, la titular de la OA señaló que “hay tres sectores que necesitan aumentar su transparencia y funcionamiento interno: la Justicia, el sindicalismo y las instituciones deportivas. Es un objetivo que tenemos para este año”.

Convengamos que el tema no es nuevo. A principios de este año había trascendido que la Oficina Anticorrupción había concluido la elaoración del borrador del proyecto para modificar la Ley de Ética Pública, con cambios previstos para las declaraciones juradas y en la prevención de conflictos de intereses.

Allí ya se anticipaba que los funcionarios no podrán “designar parientes o amigos en la repartición a su cargo”, aunque nada decía la iniciativa respecto de otras áreas del Estado.

Otra de las modificaciones será que, además de publicar sus bienes, los funcionarios tendrán que detallar en sus DDJJ “las actividades laborales anteriores y los vínculos con asociaciones o fundaciones”, especificó el matutino. Además, volverán a ser públicos los bienes de los cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, para evitar “prestanombres”.

En lo que respecta a los conflictos de intereses, situaciones repetidas en el actual Gobierno nacional, se establecerá la prohibición para “realizar una actividad en el ámbito privado sobre la que el funcionario tenga atribuciones”, “proveer bienes o servicios al organismo en el que ejerce su competencia” e “intervenir en gestiones judiciales contra el Estado”.

Los funcionarios “deberán desprenderse de acciones y títulos que estén vinculados con su función”, pudiendo venderlas o ponerlas en un fideicomiso ciego.

Otro de los puntos es el que compete al titular de la OA, hoy a cargo de Laura Alonso, quien será nombrado por el presidente, “para luego celebrar una audiencia pública abierta a observaciones”. Se propone, además, que el cargo dure cinco años, con posibilidad de reelección.