La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se reunió con senadores de Cambiemos para delinear el año legislativo.

La comitiva de los senadores fue encabezada por el vicegobernador Daniel Salvador. También estuvo presente en el encuentro el jefe de Gabinete de ministros Federico Salvai. Vidal y los senadores oficialistas dejaron sentadas las prioridades para el 2018, como la reforma educativa, Justicia, entre otros temas.

El senador radical Roberto Costa resaltó que la agenda del oficialismo se centrará en “la reforma educativa, en la reforma de la Justicia y en la de la ley de obras públicas”, aparte de algún otro tema.

El encuentro se habría llevado a cabo, porque al cierre del año pasado se aprobaron un paquetes de leyes sobre la hora y hubo quejas de que muchos legisladores no sabían ni siquiera de lo que estaban hablando. Por eso esta vez la gobernadora quiere explicar con tiempo qué cosas van a tratar, para que todos estén al tanto y así evitar papelones”.

Sobre la reforma educativa la gobernadora planea premiar el presentismo de los maestros y establecer cambios en el Estatuto Docente que modificarían los regímenes de licencias y hasta los requisitos para ejercer la docencia.

En cuanto a las modificaciones de la Justicia, el proyecto está listo y fue realizado por una comisión presidida por el subsecretario de Justica Adrián Grasi e integrada por jueces, fiscales, defensores y abogados reconocidos.

Algunas de las cuestiones a corregir sobre este tema en particular, ya habían sido adelantadas por el diputado provincial Mauricio Vivani tiempo atrás al sostener que “se deben debatir cuestiones de fondo y de forma” ya que “no puede ser que un mismo caso en un departamento judicial se falle de una manera y en otro de otra”.

“No puede ser que en lo laboral, un empresario que pierde un juicio no tenga derecho a una sola revisión de los hechos, ya que sólo pueden apelarse por la aplicación del derecho, y para colmo si quiere apelar, tiene que depositar el 100% del monto de la sentencia”, había esgrimido el legislador a la hora de nombrar algunas de las imperfecciones que Cambiemos supo observar.

“Eso es injusticia sobre todo si lo comparamos con el derecho penal, donde un delincuente tiene muchos recursos hasta llegar al cumplimiento efectivo de una sentencia”, puntualizó.

Otra iniciativa analizada fue el proyecto de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA S.A.) que el Ejecutivo giró a la Legislatura con el objetivo de “optimizar la utilización de los recursos de la Provincia en beneficio de las condiciones de mantenimiento y ampliación del sistema vial”.

Según trascendió, se trata de cambios en el Estatuto de AUBASA para modificar su régimen impositivo a partir de los cuales “se considerará como onerosas las concesiones de obra pública por peaje otorgadas o que se otorguen a futuro a la empresa Autopistas de Buenos Aires SociEdad Anónima (AUBASA)”.

Otro punto fundamental en el que se va a enfocar Cambiemos es en la reforma de la Ley de Obra Públicas, que está hace tiempo trabada en la Cámara Baja. El texto del anteproyecto, que fue presentado en mayo de 2016, fija un marco legal integral para los contratos que se firmen entre el Poder Ejecutivo o las empresas y sociedades del Estado para la construcción de bienes inmuebles, los trabajos que modifiquen el terreno o el subsuelo y las tareas de reforma, ampliación, reparación, recuperación y conservación. De sancionarse, reemplazaría a la ley 6.021 sancionada y reglamentada en 1959.

La norma propone modificaciones de fondo en el actual sistema con dos objetivos centrales. En primer lugar, acortar los plazos de licitación, adjudicación e inicio de obras. Según estimaciones de los funcionarios del área, hoy con la actual legislación entre que se inicia el trámite para una obra y se coloca “el primer ladrillo” se demora un lapso de entre 10 y 12 meses. La idea es reducirlo tanto como sea posible.

El segundo gran objetivo que persigue el anteproyecto que empuja Vidal es introducir un cambio sustancial en el esquema de financiamiento de las obras públicas: habilitar la posibilidad de que los privados acerquen un esquema de financiamiento propio, es decir, de esta forma, una empresa constructora podrá gestionar créditos, por ejemplo de organismos internacionales, para cubrir los costos de las obras.En tanto que el proyecto de ley para modificar el sistema jubilatorio bonaerense -que administra el Instituto de Previsión Social (IPS)- que busca armonizarlo con el sistema nacional de ANSES, habría quedado en suspenso. Desde el oficialismo, se amparan en la negativa del ministro de Economía. Con pocas definiciones al respecto, habría quedado frenado hasta nuevo aviso.