Las medidas de reducción del personal adoptadas recientemente en organismos como el SENASA, el INTI y el INTA, constituyen indicios alarmantes que en realidad, no tienen justificación ante la necesidad de reducir el déficit fiscal, ajustando una nomina de personal que supuestamente estaba incrementada sin necesidad por gestiones anteriores.

No debe prestarse atención a esta simplificación mediática del discurso, que persigue adormecer el análisis y el pensamiento crítico. Cuando el Estado ajusta en organismos de control, fiscalización y mejora tecnológica, desregula y deja librados sectores sensibles al único control de los costos. Las fiscalizaciones y los controles no son un freno a la iniciativa privada, y si cuestan es porque con ellos se posibilita la tutela de la salud de la población, la inocuidad de los productos y también la conservación de mercados externos, que sujetan a nuestras exportaciones a muy severas pruebas.

Tanto el SENASA, como el INTI o el INTA, no son estructuras de personal intercambiable y burocrático, sino que constituyen organismos tecnológicos en los que predominan los cuerpos profesionales, los técnicos y los auxiliares capacitados durante largo tiempo. La propia página web del INTA informa que su dotación está integrada por un 49 % de profesionales y un 20,6% de técnicos. Personal de esas características constituye un activo que posee una memoria histórica de fiscalización y una acumulación de conocimientos y experiencia, que resultan irremplazables. Recuperarlas demanda años e inversiones cada vez mayores.

Si estas decisiones son alarmantes, también lo son los ajustes presupuestarios que los tres organismos han padecido en la Ley de Presupuesto recientemente votada.

La mirada conjunta de estas decisiones, las revela animadas por un propósito desregulador y privatizador (suplantando los cuerpos técnicos con consultorías privadas, contratadas directamente o por licitaciones direccionadas), que necesariamente impactará en nuestras economías regionales. La confiabilidad de las certificaciones del INTI o del SENASA, como los apoyos técnicos del INTA, son una parte muy importante en la calidad de la producción y en la sostenibilidad de mercados externos cuyo logro y conservación demanda enormes esfuerzos de nuestros incansables productores.

El control y la atenuación de estos riesgos puede estar en manos del Congreso Nacional, para lo cual hay que vencer el propósito oficial de quitarle protagonismo, retacearle la asistencia de los funcionarios nacionales y, en definitiva, obstaculizar toda medida que ponga en agenda las motivaciones reales de estas políticas.

Desde el Senado de la Nación persigo denodadamente alzar la voz, advertir, señalar y lograr que se rectifiquen aquellas decisiones, ya que inexorablemente tendrán negativos resultados.

* Silvina García Larraburu es senadora nacional del bloque Justicialista por Río Negro.