La movilización sindical programada para el 21 de febrero lejos de ser un reclamo por los problemas de la gente, está dirigida a presionar al gobierno y la justicia, para garantizar la impunidad a dirigentes gremiales que se enriquecen a costa de los propios trabajadores y del conjunto de la sociedad.

La inmoral extorsión a la que recurren para liberarse del accionar de la justicia, no tiene absolutamente nada que ver con la defensa de los intereses de quienes dicen representar. Por el contrario, es una forma de consagrar la corrupción que se apropia de recursos que son del Estado, de las obras sociales o de los sindicatos, afectando a todos y fundamentalmente a quienes menos tienen.

Es muy importante que los argentinos no nos dejemos confundir.

Por supuesto que existen importantes problemas que aún no se han resuelto, por los que naturalmente debemos estar preocupados y por los que con todo derecho algunos sectores pueden manifestar su descontento, pero no se puede confundir con el origen de medidas de fuerza como esta marcha, que buscan preservar los privilegios de los corruptos.