Fuertes cuestionamientos al protocolo para evitar la toma de colegios

Diputados de Unidad Ciudadana y el PO criticaron el plan anunciado por la ministra de Educación, Soledad Acuña, que prevé que los padres se hagan cargo de los gastos que se desprendan por daños en los establecimientos.

Luego de que la ministra de Educación de la Ciudad, María Soledad Acuña, anunciara un nuevo protocolo de actuación para evitar la toma de colegios, la legisladora de Unidad Ciudadana Paula Penacca y el diputado del PO Gabriel Solano cuestionaron duramente la medida en las redes sociales y denunciaron que se la misma se debe a que el Gobierno porteño buscará implementar la Secundaria del Futuro.

Dicho protocolo prevé que cuando haya una toma, los directores deberán citar a los padres para que retiren a sus hijos de las instituciones; asimismo, en los casos en que la familia esté de acuerdo con la ocupación, se harán cargo de los gastos que se desprendan por daños en los establecimientos.

Al respecto Acuña manifestó que “seguimos trabajando sobre lo que pasó el año pasado, para nosotros no puede quedar en la nada y naturalizado que cuando los chicos no están de acuerdo con una política puedan tomar una escuela” y remarcó que “lo que está atrás de la resolución es que las acciones tengan consecuencias y no se vulnere el derecho a la educación de los otros”. Además explicó que “para los jueces el derecho a la protesta está por encima del derecho a la educación, los directivos se quedaban sin poder actuar ya que no sabían qué hacer cuando había una toma”, en una clara referencia al dictamen de la jueza Elena Liberatori quien había determinado el año pasado que las tomas de colegio no constituían un delito y dejó sin efecto un protocolo que determinaba qué posición debía tomar un directivo en esos casos.

Sobre esta medida, Solano advirtió que “la resolución sobre las ocupaciones de colegios emitida por el ministerio de Educación de la Ciudad representa un salto en la política represiva contra estudiantes, docentes y padres” e insistió en que “se inspira en la llamada ´nueva doctrina de seguridad´ de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, pero aplicado al ámbito educativo, que por definición requiere para su desenvolvimiento de democracia y libertad”.

Además denunció que “impone sanciones a los directores de los colegios que se ocupen, lo cual busca convertirlos en represores de sus propios estudiantes; se imponen sanciones a los padres, a quienes se los intimará para que retiren a sus hijos de los colegios, y en caso contrario se iniciarán acciones judiciales para que enfrenten con su propio patrimonio daños que puedan ocurrir durante una ocupación”.

En este sentido indicó que “la oportunidad de la resolución se explica porque el Gobierno quiere avanzar este año con la Secundaria del Futuro, que es resistida por los estudiantes, docentes y padres por su carácter precarizador y descalificador de la educación” y adelantó que en los próximos días presentará un pedido de citación en la Legislatura para la ministra, a fin de que brinde detalles de la resolución y se desarrolle un debate público sobre dicho protocolo.

Por su parte, la diputada Penacca consideró que “una vez más, sin participación de la comunidad educativa ni respeto por el proceso judicial en curso, la ministra Acuña nos cuenta por los medios el nuevo ‘protocolo’ para castigar a los que ejerzan su derecho a manifestarse” y recordó que la funcionaria “integra el Gobierno que decretó la muerte de la paritaria docente y que intentó quitarles seis meses de clases a los estudiantes secundarios en quinto año”.

El protocolo paso a paso

1) Dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

2) Dar intervención al SAME.

3) Citar de manera inmediata a los padres o a quienes ejerzan la responsabilidad parental para que retiren a sus hijos del establecimiento.

4) Labrar un acta dejando constancia de la imposibilidad de tener clases por la toma del establecimiento, que deberá ser elevada a la máxima autoridad de la cartera de Educación, consignando los siguientes puntos:

– Relato de los hechos y motivos por los que se tomó el colegio.

– El estado detallado del patrimonio escolar documentado fotográficamente al momento en que se inicia la toma del establecimiento. En caso de ser posible, las fotografías deben ser certificadas por escribano público o con la presencia de dos testigos.

– Solicitud de intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al SAME.

– Constancia de citación a los padres. Se deberá labrar un acta de retiro en la cual se le hará saber que mientras dure la situación y, en el caso de ingreso/egreso del alumno al establecimiento educativo, la responsabilidad recaerá exclusivamente sobre el adulto.

– Enunciar los datos de los padres que no hayan retirado a los jóvenes del establecimiento educativo, dejando constancia de los motivos y de haberles hecho saber que la responsabilidad sobre el alumno recaerá exclusivamente sobre ellos.

5) Los directores o rectores deberán permanecer en el establecimiento educativo hasta la terminación de todas las acciones establecidas en el protocolo.

6) Desde el Ministerio de Educación se deberá a elevar el expediente administrativo para intervención a la Procuración General.

7) Finalizada la toma del establecimiento escolar, los directores o rectores deberán labrar un acta, que será elevada a la máxima autoridad de la cartera de Educación. Allí se consignará el estado del patrimonio escolar al momento de la finalización de la toma, también documentado fotográficamente.

8) El Ministerio de Educación elevará el último expediente administrativo para intervención a la Procuración General.

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