Joanna Picetti, la fallida candidata de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, le envió una carta al presidente de Diputados, Emilio Monzó, en la que denuncia que sufrió “violencia política” por parte de sus propios compañeros de lista y exige que sea la Cámara baja quien resuelva su situación.

Luego de que saliera a la luz una denuncia antigua en su contra por supuesto maltrato infantil, desde el oficialismo le pidieron que se baje de la nómina de candidatos, a días de las elecciones del pasado 22 de octubre. Al negarse, fue excluida por un fallo de la jueza María Servini de Cubría, quien resolvió en relación a distintas impugnaciones presentadas por varios dirigentes, entre ellos Elisa Carrió, quien encabezó la lista porteña. Sin embargo, su nombre figuró en las boletas.

En la misiva enviada a Monzó, a la cual tuvo acceso parlamentario.com, Picetti reclama que “se constituya antes del 1ro. de marzo la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento” a fin de “tratar la impugnación del título del diputado Jorge Enríquez”, quien asumió en su lugar, por ubicarse en el puesto siguiente al de ella.

“Y, posteriormente, tratar mi título de diputada nacional para ocupar cuanto antes la banca que me corresponde, habida cuenta que en este momento se encuentran violados los derechos de los electores que me han votado en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias y en las elecciones generales del pasado 22 de octubre, así como también se encuentran violados mis derechos”, enfatizó.

En la carta, Picetti aseguró que fue “víctima de violencia política -y violencia de género- por parte de mis compañeros de lista y otros funcionarios del gobierno, violencia política basada en mentiras, con la intención de difamarme, agredirme, defenestrarme, desgastar y exponerme al escarnio público tal como fuera amenazada públicamente por una de mis compañeras de lista”.

Además, remarcó que conforme a lo establecido en el artículo 64 de la Constitución Nacional, “es la Cámara de Diputados quien debe entender los títulos de los legisladores” porque “cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez” y que el título de Enríquez “no tiene validez, tiene un defecto de título, ya que se entregó sin esperar a finalizar el debido proceso y mi defensa en juicio de la arbitraria resolución de primera instancia que ordenó la jueza María Romilda Servini de Cubría, así como también la confirmación de ésta por parte de la Cámara Nacional Electoral”.

“En la actualidad dicha sentencia se encuentra apelada ante la Corte Suprema y no hay sentencia firme que me prohíba ser diputada”, insistió y aclaró: “No estoy procesada de ningún delito, no estoy imputada en ningún delito, no estoy siendo investigada por ningún delito, estoy sobreseída de una demanda penal basada en una denuncia falsa del año 2013 a la cual me expuse a todo tipo de análisis e investigación por parte de la justicia”.

Por último, reiteró que “al momento de la jura de diputados no existe sentencia firme que me impida ser diputada, en consecuencia la inhabilidad moral por la que se me cuestiona sólo se corresponde tratarla en la Cámara de Diputados”.