La presidenta de la ‘Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud’ y legisladora de Unidad Ciudadana, Andrea Conde, presentó en la Legislatura porteña un pedido de informes dirigido al Ministerio de Educación de la Ciudad, a fin de que brinde precisiones acerca del protocolo para evitar las toma de colegios que fue difundido por la ministra de dicha cartera, Soledad Acuña.

De esta manera, el proyecto de resolución solicita que se informe “qué organismos gubernamentales o no gubernamentales, instituciones y/o organizaciones participaron en la elaboración del protocolo” y si “el Consejo de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes tuvo participación en la elaboración del mismo, y si se tuvieron en cuenta las recomendaciones aprobadas por dicha autoridad en el año 2017”.

A su vez, busca conocer si los estudiantes participaron en la elaboración de dicha medida y si fue presentado ante la Justicia porteña. Finalmente, indaga en base a que normativa vigente se tomó la determinación de que “los padres se harán responsables de los daños eventuales que realicen sus hijos durante la toma”.

Al respecto, Conde consideró que “es lamentable que desde el Gobierno de la Ciudad se busque resolver los conflictos una vez más por la vía ilegal” y recordó que “el año pasado, en medio de las tomas de los colegios, emitieron un mail desde el Ministerio con una especie de protocolo que no fue comunicado oficialmente; luego de la denuncia de diversos actores por la ilegalidad de la acción, desde el propio Ministerio salieron a desmentirlo”.

Asimismo advirtió que pese a que “en la Asesoría General Tutelar hay una mesa de diálogo abierta, el Gobierno porteño vuelve a desconocer los mecanismos legales vigentes, no respeta las mesas de negociación ni a los actores implicados y nuevamente sale con un protocolo trucho que criminaliza la protesta de los estudiantes”.

Cabe recordar que esta semana desde Unidad Ciudadana le solicitaron a Acuña -mediante una carta- que les brinde información precisa sobre el protocolo anti tomas de colegios que ideó el Gobierno de la Ciudad. Además habían denunciado que la medida desoye “la resolución judicial de la jueza de primera Instancia, Elena Liberatori, donde resolvió que ‘las tomas de colegios no constituyen delito’”.