​​Nuestras mayores catástrofes como Nación estuvieron precedidas de alarmas y avisos desatendidos. Sin duda, la movilización realizada el 21 de febrero es un muy elocuente llamado de atención, no solo sobre la situación personal y política de un dirigente gremial, sino fundamentalmente sobre el contenido esencial del reclamo, formulado ​ ​ por ​ ​ quienes representan a un sector mayoritario del país. No se han expresado sobre un candidato, lo han hecho sobre una realidad grave y preocupante, que afecta a los que trabajan y a los que no tienen posibilidad de hacerlo.

Ese clamor a revisar y modificar políticas, está dirigido al Poder Ejecutivo, para que atienda varias alertas que preocupan. Esos indicadores requieren decisiones y no mensajes comunicacionales de justificación. No se trata de soslayar un momento difícil con técnicas de marketing ni silencios mediáticos. Las grandes frustraciones que hemos padecido, se inician y estallan en la economía y, como consecuencia, inmediatamente impactan en lo social.

Hoy nuestro frente externo es extremadamente vulnerable y anticipa una crisis. Y lo demuestran una serie de datos duros. El Banco Central ha informado el mismo día de la movilización, que la fuga de capitales llegó en enero a los 3124 millones de dólares. Este valor “se ubicó entre los máximos desde la flexibilización del mercado”.

Esta constitución de activos externos es un tema sensible, no solo porque sustrae las necesarias divisas de la economía nacional; además es un rotundo indicio de desconfianza, que desalienta cualquier iniciativa de inversión.

Lo acontecido al comienzo del año no fue una mera coyuntura, sino la confirmación de una tendencia. La fuga fue muy alta durante 2017, y solo se desaceleró como consecuencia del blanqueo, que obligaba a mantener los depósitos en efectivo durante 6 meses. Al cabo de ese breve lapso, retomó el ritmo de salida de divisas.

A este indicador debe sumarse al grave incremento del endeudamiento externo, que hasta ahora es la única fuente de divisas del país (ya que las importaciones superan a las exportaciones). Así, al fin del año anterior, los ministros de Finanzas y de Hacienda de la Nación informaban al Congreso, que la deuda pública bruta, que suma los pasivos en pesos y en dólares, intra sector público y con el sector privado y organismos multilaterales, alcanzaría a fin del año pasado al 58,6% del PBI, mientras que la deuda neta, sólo la contraída con el sector privado y multilaterales, sería de 28,5% del PBI. El guarismo es claro: enfrentar en una crisis el endeudamiento externo, comprometía a diciembre casi el 60 % de todos los recursos que generamos.

Frente a esto, que el nivel de reservas que mantiene el BCRA alcance a la fecha un stock total de 62.024 millones de dólares, no entraña tranquilidad alguna. La mayoría de esas reservas se adeudan, ya que tienen como fuente los préstamos contraídos.

Todos estos números, además, recibirán el impacto del progresivo incremento de las tasas de interés internacionales, que todas las consultoras internacionales anticipan. En otras instancias, indicadores parecidos evolucionaron hacia una crisis. No reaccionamos a tiempo y los resultados dramáticos fueron enormes.

La preocupación se incrementa cuando la trasladamos a nuestras provincias, con economías en las que muchos de los sectores productivos, están atados al sector externo (por el comercio exterior o por operar con productos o commodities cuyo precio es en dólares).

El Parlamento tiene un rol, las organizaciones y los sectores del trabajo y social, también. Todos coincidimos en que enfrentamos un grave problema y debemos reaccionar a tiempo. Las fuerzas naturales de la economía no existen. Decía Perón que la economía nunca ha sido libre: o la controla el Estado en beneficio del Pueblo o lo hacen los grandes consorcios en perjuicio de éste.