Elías de Pérez participó de la mesa de trabajo de la reforma de la Ley de Ética Pública

La senadora radical consideró que esta norma es “sana para la democracia” y propuso un “mayor control” sobre los fondos que Nación envía a las provincias.

“Queremos un mayor control de los dineros que manda la Nación a las provincias; es una forma de evitar que la plata, que es de todos, se diluya por la alcantarilla de la corrupción”, aseguró la senadora nacional Silvia Elías de Pérez (UCR) luego de participar en la mesa de trabajo que debate los principales ejes de la reforma a la Ley de Ética Pública.

La legisladora tucumana expresó que “esta nueva ley pretende poner límite al nepotismo y al conflicto de intereses, entre otros aspectos” porque “es necesario que los funcionarios rindan cuentas de sus actos, tanto públicos como privados”.

“La ley de Ética Pública es sana para la democracia”, manifestó, y reveló que en la nueva iniciativa buscará se incorporen dos proyectos de su autoría que se encuentran en el Senado: la creación de Oficinas Anticorrupción en donde existan Cámaras Federales de Apelaciones, y la instalación de delegaciones de la SIGEN en todas las provincias.

En este sentido, consideró que “los órganos de control del Estado deben federalizarse para que de verdad sepamos qué se hace con la plata de los argentinos. La experiencia nos demuestra que las redes de complicidades judiciales y políticas hacen que la impunidad sean moneda corriente en las provincias”.

La reforma a la ley de Ética Pública está en etapa de borrador y estará disponible para recibir aportes y sugerencias antes de ser tratada en el Congreso. El anteproyecto impulsa una reforma integral que alcanzará no sólo a funcionarios públicos y legisladores, sino también a gremios y sectores del Poder Judicial.

Entre las principales características están: la prohibición del ingreso de familiares de funcionarios para trabajar en algún sector de la administración pública, la detección de potenciales casos de conflicto de intereses y la ampliación y obligación de presentaciones de declaraciones juradas patrimoniales y de interés, entre otros.

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