Por María Luján Batallán

La recuperada Justicia Porteña sorprendió en estos días con un fallo inédito al condenar a una mujer a realizar 150 horas de tareas comunitarias por calumniar e injuriar (arts. 109 y 110 del Código Penal) a un hombre a través de la red social Twitter.

La causa penal se había iniciado en mayo de 2017 por Marcelo Frydlewsky, (esposo de la abogada mediática Ana Rosenfeld) quien se sintió “agraviado” a raíz de una serie de tuits publicados por Mónica Lang (condenada).

Este será un caso testigo para resolver las futuras demandas de particulares cuando las injurias sean difundidas por medios masivos. No cabe duda que con el paso de los años, las redes se transformaron en medios masivos de comunicación.

Más allá de la falta de regulación de los medios web, la sentencia de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dio un paso muy importante en materia jurisprudencial a nivel mundial.

Cabe recordar que hasta Barack Obama y Donald Trump utilizaron las redes furiosamente para hacer sus campañas presidenciales.

Parlamentario.com consultó a la vicepresidenta del Colegio Público de Abogados y especialista en Medios de Comunicación, Laura Calógero, sobre la sentencia.

-¿Doctora cree que este fallo viene a marcar jurisprudencia y llenar el vacío legal que tiene la utilización de las redes sociales?

– La querella aporta todos los datos logrando determinar que la imputada calumniaba al querellante a través de una cuenta falsa. El tema es qué pasa cuando eso no se puede lograr, en este caso, se pudo identificar al emisor de la calumnia. No importa el medio utilizado, sino la propagación que se magnifica con los retuits. No es lo mismo calumniar a alguien en un canal top de aire, en un prime time, que a través de una publicación digital de muy poco impacto, dado que ahí el delito se configura igual, porque la calumnia fue proferida. La cuestión es que, al momento de buscar un resarcimiento, tiene que ser proporcional a la magnitud de la difamación.

Las redes sociales tienen el poder de magnificar: escribo algo y lo retuitean cinco, eso mismo lo retuitean otros 10, y el daño es mucho mayor. Con este fallo, lo que no se pone en juego es la responsabilidad de las redes.

-Usted representó a María Belén Rodríguez (“Rodríguez, María Belén c/ Google lnc. s/ daños y perjuicios”), qué demandó a Google por las fotos eróticas que pertenecían a otra persona homónima. ¿Cómo fue el fallo de la Corte Suprema en ese momento?

– Había dos personas con nombres y apellido iguales, la querellante que era modelo publicitaria y la showgirl argentina que triunfa en Italia, también llamada María Belén Rodríguez. De esta última se mostraban fotos eróticas al colocar en los buscadores el nombre. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no condenó a los buscadores. La empresa Google trabaja como si fuera un índice, es como un bibliotecario y manda toda la información por país desde donde estas accediendo por ámbito de influencia. Si yo busco a una persona, quizás hay alguien con el mismo nombre que vive en otro país. Los primeros resultados serán los de mi zona y ese gran bibliotecario no distingue qué es lo que yo le estoy pidiendo.

María Belén Rodríguez es un nombre muy común, una de ellas con una carrera un poco más pública y expuesta, y otra María Belén Rodríguez, que es modelo publicitaria. Al colocar el nombre en el buscador, lo primero que aparecía eran las fotos eróticas de la primera. Google no tiene manera de discernir a quién se está buscando, razón por la cual no se condena a los buscadores, después de todo son algoritmos que, basados en algunos criterios de búsqueda, arrojan resultados acercados. En todo caso, se puede hacer juicio a la página que está linkeando tu nombre a una imagen que no es la tuya. El grave problema que se suscita es que estas páginas son de Rusia, Liberia o países imposibles de acceder, por lo que es más fácil hacerle juicio al buscador.

Pero el caso de Lang es distinto. Para poder acceder a Facebook o Twitter, necesitás crearte un alias; debes identificarte y completar una cantidad de datos como fecha de nacimiento, lugar, etc. Lo que el fallo expresa es que se deberían extremar los cuidados para no validar cualquier cuenta.

El juez también se refirió a los trolls y dijo que no existirían si las redes sociales tuvieran un procedimiento de autenticación más exigente, como poner el DNI que no podría usarse dos veces. De este modo, se evitaría la proliferación de identidades falsas. En este caso la querella investigó, pero no siempre se está en condiciones de realizarlo.

Deberían regularse el acceso a estas redes de interacción social para no fomentar la comisión de estos delitos y se evitarían el grooming, bullying y la pedofilia. Lamentablemente, como lo dije en el juicio de Rodríguez:“la ley siempre va por detrás de la tecnología y la ciencia. Cambiar una ley lleva mucho más tiempo que cambiar un algoritmo en una computadora, es urgente regular esto.”

– ¿Cómo se regularía?

– Es un gran problema, porque por ejemplo, Google tiene su sede en Irlanda aunque es una empresa estadounidense. Habría que hacer un protocolo y luego consensuarlo. Esto es materia de Derecho Internacional Público, porque los estados que regulan a todas esas empresas acuerdan muy seriamente, dado que también está en juego la identidad de las personas.

Es muy interesante lo que sucede en Twitter muchas veces, ponen la foto de una persona y dicen ésta es la cara de un violador y se difunde masivamente y de buena fe se retuite a 4.000 veces y se magnifica la noticia sin chequear, pero ¿quién tiene la certeza que no sea una difamación hacia esa persona por bronca, venganza…?

-Con ese ejemplo usted me está diciendo que estamos en un estado de indefensión dado que no se puede hacer un juicio contra 10 mil personas que retuitean difamando a una persona.

– El poder de las redes es tan grande que se puede decir cualquier cosa pero hasta que no haya una legislación es así, pero con este fallo lo que están diciendo los jueces es: “si buscamos un poquito podemos encontrar al responsables”. Este fallo de la Justicia de la Ciudad es muy importante y va a tener su réplica a nivel internacional.

-¿Cómo juega este fallo?¿No se choca con la libertad de expresión?

– Es igual que para el periodismo. La expresión de una injuria o de una calumnia se magnifica con la repetición y un periodista no puede permitirse de dar una información falsa, sabiendo que lo es. La libertad de expresión tiene un límite: la famosa doctrina de la Real Malicia. Esta establece que si se sabe que la información no es verídica, y se publica igualmente, el periodista o medio es responsable. Distinto es si se chequeó por las fuentes habituales y es ratificado. El periodista está amparado en la libertad de expresión, que está garantizada ante la censura previa y tiene el límite de la responsabilidad ulterior.

-¿Cómo va impactar este fallo a futuro?

– De aquí para adelante vamos a ver proliferar las denuncias contra personas que injurien en Twitter, y van a utilizar este fallo como señero. El problema va a estar en la prueba que aporte el denunciante que no podrá corroborar el IP de donde parte la cuenta que difunde información falsa, y, por eso, quedarán esas querellas, en su gran mayoría, sin apoyatura probatoria. La parte querellante tendría que realizar un trabajo muy dedicado para lograr identificar quién profiere la injuria.

Hace apenas unas horas la Sala III de Cámara Civil Comercial Federal hizo lugar a una empresa alimenticia para realizar medidas preliminares en los autos “RPB S.A c/ Google de Argentina S.R.L y otros s/ sumarísimo”, denegadas en primera instancia, autorizando a Google, Yahoo y Facebook a que informen la titularidad de las cuentas que difamaban en las redes a la empresa con la supuesta aparición de una babosa dentro de un envase de un jugo que la misma produce.

Según la alzada “No puede soslayarse que el anonimato de los proveedores primarios de contenidos en Internet suele ser un obstáculo frecuente para enderezar correctamente las pretensiones.”

Para tratar de hallar a los culpables, la Cámara pidió que se ordene a Google, Yahoo! y Facebook que informen sobre la titularidad, incluyendo nombre, domicilio o “cualquier otro dato identificativo” de las web cuyo contenido sería falso y agraviante.