El legislador de Suma+ Juan Francisco Nosiglia le solicitó al Gobierno porteño que brinde precisiones acerca del desalojo de familias del sector Cristo Obrero del Barrio 31 y denunció irregularidades en el proceso de reurbanización del barrio.
El legislador de Suma+ Juan Francisco Nosiglia presentó un proyecto de resolución en la Legislatura porteña, a fin de que el Gobierno de la Ciudad brinde precisiones acerca del desalojo -llevado a cabo el pasado 24 de febrero- de familias del sector Cristo Obrero del Barrio 31. Además, denunció irregularidades en el proceso de reurbanización del barrio.
En la iniciativa el diputado busca conocer cuáles fueron los “motivos que originaron la orden judicial que dio lugar al procedimiento” y que “dependencias del Gobierno intervinieron en el mismo, especificando las tareas asignadas a cada una de ellas”. Asimismo, solicita saber si en el desalojo “participaron fuerzas de seguridad u otras dependencias del Gobierno Nacional” y la cantidad de habitantes que residían en las unidades desalojadas.
También consulta acerca de si “los habitantes en cuestión eran beneficiarios de algún programa local o nacional al momento del desalojo” y conocer “dónde fueron relocalizados los residentes del predio y sus pertenencias”.
En los fundamentos de la medida, Nosiglia explica que fueron desalojadas las familias que habitaban las casas 15 y 21 de la manzana 12 de dicho barrio, y advirtió que “según notas en medios periodísticos y videos tomados en el lugar mientras Valeria Ibarra, vecina de una de las casas, se retiraba y aun con los abogados y otros en la vivienda, se procedió a la demolición a mazasos de su unidad”.
En este sentido señaló que “vecinos denuncian irregularidades en torno a la ejecución de la Ley 3.343 de urbanización, que no habría contemplado la participación de los habitantes del barrio” y recordó que dicha norma sostiene que “la implementación del proyecto de reurbanización no implicará desalojo forzoso alguno”.
“Nos parece excesivo también el número de las fuerzas de seguridad empleadas (40), así como la dureza en el ejercicio del desalojo, en principio sin orden judicial, amparándose en una resolución administrativa del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que dispuso que esa vivienda y la de otras dos familias debían ser demolidas”, subrayó e insistió en que “nos interesa saber quiénes fueron los responsables políticos y operativos del procedimiento de desalojo, cuáles fueron las áreas intervinientes y si participaron dependencias de otras jurisdicciones”.
