Así lo resolvió el juez federal Julián Ercolini en el marco de la causa que investiga irregularidades en la adjudicación de obras viales al Grupo Austral, del detenido Lázaro Báez.
El juez federal Julián Ercolini envió a juicio oral y público a la senadora Cristina Fernández de Kirchner, al detenido empresario Lázaro Báez, al diputado suspendido y preso Julio De Vido y otros 10 investigados por irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral.
En esta causa, la expresidenta está acusada de ser la “jefa de una asociación ilícita” y embargada en 10.000 millones de pesos. La propia Cristina había pedido en enero pasado que se pase a esta instancia, en la que consideró “se habrán de efectuar todos los planteos correspondientes con el propósito de lograr un esclarecimiento definitivo y público de los hechos que, de manera sesgada, arbitraria y contraria a derecho, se relatan en los requerimientos de elevación a juicio”.
La investigación busca determinar si existió una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos, a través de la asignación de la mayor parte de las obras viales de la provincia de Santa Cruz, a favor de Báez -quien se encuentra preso- por más de 46 mil millones de pesos.
Para los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, se instauró una “maniobra de corrupción” desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con quienes “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor del Grupo Austral”.
La resolución del magistrado se dio después de que vencieran los plazos para que todos los imputados respondieran a la demanda civil por 22.500 millones de pesos, que realizó Vialidad Nacional al considerar el daño y perjuicio ocasionado.
En el fallo, Ercolini señaló que “los procesos licitatorios de las obras delimitadas se habrían caracterizado por la presencia de múltiples irregularidades todas destinadas al favorecimiento del empresario”.
“Fundamentalmente, se destaca que el Grupo Báez no habría cumplido con el tiempo pautado en la mayoría de los contratos de obra pública vial que se le atribuyeron, que se le concedieron sucesivas prórrogas que aumentaban su valor vigente y que, en razón de ello, el Estado nacional debió desembolsar sumas dinerarias por encima de los montos contratados”, puntualizó.
Además, la resolución expresa que existió “un aumento sistemático del precio presupuestado mediante la concurrencia de varias empresas del mismo grupo y la falta de competencia en las licitaciones; todo lo cual le habría ocasionado un perjuicio patrimonial, que fue posibilitado a través de la estructura funcional organizada para cumplir con los fines perseguidos por la asociación en cuestión”.
