La legisladora de Vamos Juntos Natalia Fidel impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley con el objetivo de crear la Oficina del Abogado Oficial de las Víctimas de Delitos, a fin de que los vecinos de la Ciudad que se hayan visto damnificados por algún tipo de ilícito dentro del territorio porteño, goce de patrocinio letrado gratuito para poder constituirse como parte querellante del proceso penal que surja como consecuencia.

En este sentido la norma prevé que las victimas tiene derecho a solicitar un abogado de manera gratuita si fuesen ofendidas por alguno de los delitos contemplados en el Código Penal de la Nación, entre los cuales se encuentran: “delitos contra la vida”, “lesiones”, “abandono de persona”, “contra la integridad sexual o la libertad individual”, “hurto”, “robo”, “extorsión”, “usurpación”, entre otros.

Además, el texto indica que para acceder a este tipo de patrocinio la victima tiene que tener un domicilio real en la Ciudad, el delito debe haberse cometido dentro del distrito capitalino, y la causa penal debe ser tramitada ante Justicia Penal, Contravencional y de Faltas.

En los fundamentos de la medida, Fidel explicó que la “iniciativa surge frente a una realidad social que no puede ser negada: la necesidad de garantizar derechos a las víctimas de los delitos, que actualmente no solo sufren cuando son atacadas por la delincuencia, sino también por la indefensión y la marginación a la que se enfrentan cuando el hecho es abordado judicialmente, revictimizándose por las falencias estructurales de un sistema que no acompaña a las víctimas” y aseguró que lo que pretende garantizar es que “todo ciudadano que sea víctima de determinados delitos pueda constituirse en parte querellante y, de este modo, impulsar el proceso, aportar elementos conducentes para la investigación y persecución del delito cometido, argumentar sobre ellos, interponer recursos y, básicamente, ejercer todo derecho que le asiste al particular ofendido por un delito que se constituye como tal”.

“Así como el Estado ofrece gratuitamente patrocinio jurídico a todo acusado de haber cometido un delito para garantizar su derecho a la defensa, nos parece igualmente justo que el Estado le otorgue similar beneficio a la víctima de un delito”, sentenció.