Bajo el título de “Vino sin brindis”, el diputado nacional Guillermo Carmona, la senadora provincial Fernanda Lacoste, la diputada provincial Patricia Galván, la senadora local electa Andrea Blandini, el diputado local electo Carlos Sosa, la concejala Myrna Osorio (General Alvear) y el edil electo Juan Garrido (Rivadavia) manifestaron que “el sector vitivinícola nacional, y especialmente el mendocino, tiene muy poco que festejar ya que el Gobierno nacional ha llevado adelante, desde principios del 2016, medidas económicas a nivel nacional y provincial que han impactado de lleno en la industria emblemática del Oeste argentino”.

Comienzan enumerando al respecto que “en primer lugar fue liberado el tipo de cambio, lo cual provocó una devaluación de más del 50% en el 2016, que a la vez generó una inflación en directa correlación que impide ganar cualquier tipo de competitividad”.

Prosiguen indicando que “en segunda instancia comenzó un raid, que está lejos de finalizar, de aumentos de las tarifas de diversos servicios públicos tanto industriales como domésticos, medida que deriva en la reducción del nivel de ingresos de empresas y consumidores. En el caso de la industria vitivinícola, ni siquiera una de las menores cosechas de la historia permitió que los productores recuperaran ingresos, debido al aumento de todos sus insumos”.

“De esta manera –evalúan–, como conclusión de una macroeconomía desordenada, el 2016 terminó con un descenso del 10% en el consumo de vinos en casi todas sus categorías a nivel país y la caída de casi el 3% de las exportaciones de ese tipo: -2,6% en valor y -3,7% en volumen, según las estadísticas brindadas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)”.

A continuación, los legisladores se explayan señalando que “en el 2017 no mejoró ningún aspecto, sino que continuaron los aumentos en servicios públicos, los cuales, acumulados, suman por encima del 400%. Simultáneamente, el consumo de vinos bajó el 5,7%, las exportaciones se precipitaron el 18% y las exportaciones de mosto sufrieron un preocupante desplome del 44%. Además, la importación de vino del 2016 al 2017 creció casi ocho veces: pasó de 9,3 millones a 77 millones de litros, de los cuales 99 de cada 100 litros fueron importados a granel”.

“Este último dato es de especial importancia –destacan– porque son los productores más pequeños las víctimas principales de la importación, que establece así un “techo” al precio por litro e impide cualquier mejora de los ingresos. Con este paradigma, cuando hay exceso de oferta se ofrece un valor bajo por litro de vino y cuando la cosecha es menor se importa con total impunidad”.

Remarcan seguidamente que, “en este contexto regresivo, ninguna medida nacional en términos económicos ha mejorado la situación del sector vitivinícola, con el agravante de que su recuperación es aún más difícil cuando el resto de las economías regionales del país demuestran su descontento por el rumbo tomado”.

Y reafirman categóricamente que “tampoco la Provincia de Mendoza, a través de sus autoridades, ha logrado dar respuestas satisfactorias. Incluso tuvo que sobreactuar una defensa del sector cuando el Gobierno nacional intentó avanzar con un impuesto interno a los vinos y espumantes, desconociendo así a una industrial regional y cultural muy representativa de nuestros valores. Los primeros fueron exceptuados de ese gravamen desde la década del 90 y su estatus fue reafirmado cuando en el 2013 fueron declarados oficialmente como Bebida Nacional mediante la ley Nº26.870. Mientras, los espumantes fueron exceptuados a través del decreto durante varios años (a pesar de que el actual gobierno logró una suba latente en impuesto interno)”.

También son taxativos al aclarar: “Un párrafo especial dentro de este panorama debe estar dedicado al INV. En primera instancia, esta institución desmanteló en diversas provincias, en todo el país, la estructura de promoción existente, que beneficiaba el consumo responsable de vino y ayudaba a aquellas bodegas con menor estructura de marketing”.

“Asimismo –denuncian en el documento–, ya se inició la tercera cosecha consecutiva sin que el INV haya dado pronóstico, una herramienta que durante décadas, aun con deficiencias, permitió establecer los precios de referencia en el mercado y orientar a los productores para evitar que malvendieran sus elaboraciones. Es así que ya no se puede esconder que toda la estructura nacional y pública del INV solamente trabaja en beneficio de un muy pequeño sector formador de precios, en vez de priorizar a toda la industria por igual”.

A renglón seguido, luego de manifestar que, “así las cosas, transitamos otro año de Vendimia sin nada que festejar ni por qué brindar”, detallan las acciones que han emprendido a favor del pleno desarrollo vitivinícola.

En este sentido, subrayan: “Para superar esta problemática, hemos presentado distintas iniciativas legislativas en el Congreso nacional y la Legislatura de Mendoza, como el proyecto sobre la edulcoración de bebidas sin alcohol mediante jugos naturales, el de exención de todo impuesto para el vino y los espumantes, y los relacionados con la defensa de los trabajadores del sector, así como iniciativas a favor de los productores de vinos artesanales y en contra de la importación de vinos provenientes de otros países”.

Como conclusión, Carmona, Lacoste, Galván, Blandini, Sosa, Osorio y Garrido sientan su firme posición al expresar: “Queremos una vitivinicultura que integre a todos los sectores, contemplando especialmente la situación de los pequeños y medianos productores, y la de los trabajadores vitivinícolas”. Así, dejan en claro su intención de coadyuvar a la mejora de la industria madre de Mendoza para que pueda dejar atrás uno de sus peores momentos, en el cual está en juego –simplemente– la subsistencia de la mayoría de los productores locales que la sustentan hace muchos años a costa de su gran esfuerzo y tenacidad.