El trabajo de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), considera que “se avanzó en casi todos los frentes” pero que “es imprescindible la inmediata conformación de los cuerpos médicos periciales en la Justicia” para preservar la sustentabilidad del sistema.

El informe puntualiza que “se realizaron 83.500 juicios con pericia médica oficial y muestra la gravedad de la disparidad pericial en el ámbito de la Justicia. La solución pasa por la inmediata conformación de los cuerpos médicos periciales dentro del Poder Judicial”.

Luego el trabajo destaca los pasos que tuvo dar el proyecto hasta convertirse en ley y señala que “el gremialismo, empresas, el Estado y los legisladores, gestaron el acuerdo para la reforma de la Ley de ART que progresivamente, fueron adhiriendo 10 provincias que concentraban el 85% de los juicios totales”.

En ese contexto, sostiene que las primeras cifras en baja de juicios ingresados ya son visibles. Agrega que en el año se produjo importante jurisprudencia de la Corte Suprema respaldando las fórmulas indemnizatorias, “así como los primeros pronunciamientos del fiscal y de algunas Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) a favor del nuevo procedimiento administrativo ante las Comisiones Médicas (CCMM)”.

Más adelante, indica que del estudio sobre 85.500 juicios con pericia médica oficial surge que en los dictámenes periciales se produce un desvío en la aplicación del Baremo de 17,5 puntos en la valuación de las incapacidades resultantes de un accidente o enfermedad laboral. En tanto, afirma que cada punto de discapacidad representa $22.750 y agrega: “Si a esa dispersión, se le suma un 35% por intermediación judicial, la eventual transformación de esos casos en sentencia, implicaría multiplicar por 7 los costos previstos en la ley para estos pasivos”.

En la actualidad disponen de pericia el 33% de los juicios en stock. En ese sentido, remarca que aplicando estos parámetros a los 340 mil juicios abiertos, su valuación alcanzaría a U$S 10.600 millones, según el trabajo de la UART.

“Dichas pericias se establecieron en un marco en el que los honorarios de los peritos estaban atados al resultado de las sentencias y en el que la discrecionalidad ha sido la regla, tanto sea por la ausencia de una tabla de valuación de las incapacidades, por la falta de un organismo especializado de control, como por la carencia impuesta de peritos de parte en muchas de las jurisdicciones del país”, sostiene en el informe. Y plantea que la solución es conformar los cuerpos médicos periciales, tal como está previsto en la ley de ART.

“Es necesario que la Justicia ponga en marcha lo previsto en el art. 2 in fine de la Ley 27.348 que es la conformación de los cuerpos médicos forenses o de los cuerpos periciales”, destaca.

“La constitución de los mismos y la adecuada utilización del Baremo, son condiciones críticas para tornar cierto el costo y la administración del stock de 340 mil juicios, como así también para brindar certidumbre en aquellos casos post Ley 27.348 que, habiendo transitado el paso por las Comisiones Médicas (CCMM), decidan apelar a la Justicia. La no constitución de los Cuerpos Médicos Periciales, significa continuar con la histórica discrecionalidad de la que gozan los peritos en la valuación de las incapacidades”, alerta.

Para la UART, la conformación del Cuerpo Médico Forense (CMF) resulta impostergable dado que “la presencia de un órgano especializado que realice las pericias médicas o revise los porcentajes periciales fijados en un marco disfuncional y que garantice una correcta valuación pericial en el ámbito judicial no es solo una previsión legal, sino que integra la columna vertebral de la reforma”.

En tanto, subraya que los valores promedio del punto de incapacidad se encuentran muy por encima del sistema de reparación civil y la celeridad en el acceso a la cobertura es otra cualidad que distingue al sistema de ART.

“Seguir avanzando por más y mejores empleos. Una mirada objetiva, que privilegie el equilibrio y justiprecie lo alcanzado y lo que está en juego, debe reconocer que mucho es lo logrado pero las amenazas a la sustentabilidad del sistema permanecen en la medida en que no se ordene el descalabro que se produce en la valuación judicial de las incapacidades laborales”, concluye.