Una de las “patas” del DNU 27/18 pone como actor financiero al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo que despertó dudas en un plenario de comisiones. La defensa de Pablo Clusellas.
El proyecto que habilita al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) a operar como actor financiero y crear fideicomisos recibió este miércoles duras críticas de la oposición, que advirtió sobre la “falta de transparencia” de las futuras operaciones, durante un plenario de las comisiones de Legislación General y de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
Esta reforma fue defendida por el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, y forma parte del proyecto de ley de “simplificación y desburocratización de la Administración Pública Nacional”, una de las tres “patas” del polémico Decreto de Necesidad y Urgencia 27/18.
Según explicó Clusellas, “en general las operaciones financieras están fuera del régimen de compras, pero la realidad es que el FGS básicamente lo que hace son operaciones financieras, y en los hechos lo que ocurre hoy es que prácticamente funciona con excepciones, por eso lo queremos hacer como régimen general”.
El funcionario aclaró que “la información de las operaciones financieras tendrá que ser absolutamente transparente” y garantizó que “la Anses podrá aplicar mecanismos para controlar cuáles son” esas operaciones “y evitar cualquier suspicacia respecto a ellas”.
En ese marco, indicó Clusellas, “se permitirá utilizar un fideicomiso como vehículo y no como operación final”, lo que consideró “necesario”.
Pero las explicaciones del secretario legal y técnico no dejaron satisfecha a la oposición, y una de las más duras fue la kirchnerista Luana Volnovich, quien apuntó que “la norma que dio origen al FGS cuida especialmente el equilibrio entre la rentabilidad y la seguridad”, pero el Gobierno “somete al FGS al principio de rentabilidad”.
“Si no sale la ley, de enero a esta parte, ¿ya se crearon fideicomisos? Podrían hacerlo, porque el decreto está vigente… si es así, ¿quiénes los administran? ¿cuánto pagamos de comisión?”, se preguntó Volnovich.
Además, advirtió que “desde octubre del año pasado no se publican las actas del FGS” y “en el medio de ese silencio, hemos tenido denuncias de funcionarios del Gobierno por el manejo de esos fondos”.
Por su parte, la massista Mirta Tundis, especialista en temas previsionales, consideró que “quedan muchas dudas” sobre este punto y cuestionó que la creación de fideicomisos no pueda ser autorizada por el Congreso.
“Es cierto que hay un menú de inversiones con pocos riesgos, pero en verdad ese menú está hecho para que no se pierda mucho capital, y cuando uno invierte en la Bolsa o en la ‘timba financiera’, el riesgo puede ser muy favorable o muy desfavorable, y estamos hablando de la plata de los jubilados y de los futuros jubilados”, se preocupó Tundis.
Las otras aristas del proyecto
Al inicio de su exposición, Clusellas sostuvo que “cuando hablamos de simplificación, hablamos de aliviarle las cargas al ciudadano, de hacer más accesible, más transparente y más simple el funcionamiento de la Administración Pública”.
Precisó que el proyecto, además de los cambios en el FGS, incluye otros tres aspectos, comenzando por la implementación definitiva de la firma digital.
“Si el Estado utiliza el documento electrónico, no va a haber ningún problema para que el ciudadano también se comunique en forma electrónica con el Estado, o que también utilice el documento electrónico”, explicó Clusellas.
El funcionario indicó que otro de los ejes de la iniciativa es que “se incorpora y amplía el concepto de subasta electrónica, no sólo para la venta sino para la compra”, y además se establece que la gestión de los inmuebles del Estado quedará concentrada en la Agencia de Administración de Bienes (AABE).
“Todos los inmuebles del Estado tendrán que ser administrados en un solo lugar y habrá que darles la mejor utilización posible”, dijo, al mencionar que incluso “se deroga la ley que daba atribuciones al Ejército sobre la administración de sus inmuebles”.
Por último, puntualizó que según el proyecto “la UIF (Unidad de Información Financiera), que ya está obligada a darle información al Ministerio Público, cuando hay una causa judicial tendrá la opción de dársela a los jueces”.
Clusellas observó asimismo que la información que hasta ahora se brinda “era muy formal” y ahora se buscará “conocer quién es el beneficiario final de la estructura financiera en las operaciones de lavado de dinero”.
