Lo impulsa la puntana Ivana Bianchi y veda la posibilidad de interrumpir el embarazo hasta en caso de violación. También obliga a ampliar la dispensa gratuita de anticonceptivos.
Un día después de que militantes “antiabortistas” se manifestaran en el Congreso, una diputada sumó un nuevo proyecto contra la interrupción voluntaria del embarazo, que veda esta posibilidad hasta en los casos de violación, y tiene muchas similitudes con la iniciativa del cordobés Juan Brugge.
El proyecto es de los puntanos Ivana Bianchi y Andrés Vallone, representantes de los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá, quienes además proponen realizar una consulta popular no vinculante en todo el país sobre el tema del aborto legal.
La iniciativa consta de 29 artículos y dice “garantizar la protección integral de los derechos humanos de la mujer en edad reproductiva, embarazada y de los niños por nacer”.
Se define como “niño por nacer” a “todo ser humano desde el momento de la concepción en el seno materno o la fertilización del óvulo hasta su nacimiento”, y se indica que éste “tiene derechos que deben ser ejercidos, aunque él mismo por su condición no pueda reclamarlos o manifestarlo”.
En el articulado, Bianchi insiste en que “el niño por nacer tiene derecho a la vida y a no ser privado de ella, a la integridad física y psicológica, y al respeto de su vida en igualdad de condiciones”, y también “derecho a no ser sometido a ningún tipo de procedimiento o técnica que afecte su integridad de persona”.
El artículo 10 señala que el estado Nacional, en coordinación con las provincias, deberá ampliar la dispensa gratuita de anticonceptivos “a todas las farmacias del territorio nacional”, convirtiéndolas en “centros de distribución”.
Por otra parte, al igual que en el proyecto de Brugge, se crea una “Asignación Universal por Hijo por Nacer” destinada a la mujer durante todo el curso del embarazo, consistente en una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual, cuyo monto debería ser determinado por el Poder Ejecutivo.
En paralelo, se implementa un boleto gratuito para el transporte público de pasajeros en todo el país, que tendría vigencia no sólo durante el período de gestación sino también durante el primer año del niño.
Cuando el embarazo sea resultado de una violación, se establece que la mujer “tendrá derecho a la asistencia integral, física, psicológica y social”, y garantiza que se promoverán los medios necesarios para dar al hijo en adopción.
En tanto, se ordena implementar un “Sistema de Asistencia Médica, Social, Psíquica y Económica” para proteger tanto a la embarazada como al “niño por nacer”, y se crean además numerosos organismos: “Gabinetes de Prevención y Asistencia”, un Observatorio Nacional y “Comités Nacionales de Bioética”.
Por último, el proyecto de Bianchi ratifica la declaración del 25 de marzo de cada año como “Día del Niño por Nacer”, establecido por el decreto 1406/98.
