La realidad social y política de nuestro país y la región, y el trabajoso progreso de las agendas vinculadas a la igualdad de géneros, reclaman al Poder Legislativo Nacional atender a un tipo específico de violencia de género: la violencia política contra las mujeres. Es la idea que llevó a la diputada camporista Gabriela Estévez a presentar un proyecto en cuyos fundamentos ​señala que la violencia política contra las mujeres no puede ser analizada aisladamente de todas las demás formas de discriminación y violencia que sustentan la dominación masculina. Y, sin embargo, resulta imperioso que se la visibilice, nombre, incluya y tipifique en nuestra legislación para poder brindar herramientas jurídicas más eficientes a los fines de prevenir, sancionar y erradicar esta forma de violencia de género.

Entre los puntos que el proyecto incorpora a la Ley de Protección Integral, se destacan la libertad de pensamiento, expresión, participación y afiliación política y/o gremial, en el marco de los derechos protegidos por la ley; la igualdad en el acceso, ocupación, permanencia y desarrollo de las mujeres en los cargos de toma de decisión en el Estado, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil, en el marco de los derechos protegidos por la ley.

Agrega también la violencia política, como un tipo específico, definida como la que restringe, menoscaba o suprime sus derechos políticos y/o sindicales, afectando la libertad de pensamiento, expresión, participación y afiliación política y/o gremial de las mujeres, así como la igualdad en el acceso, ocupación, permanencia y desarrollo de las mujeres en los cargos de toma de decisión en el Estado, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.

Estévez suma la difamación, censura, espionaje, persecución y privación de la libertad con motivo de su pensamiento, expresión, participación y/o afiliación política y/o sindical, en la modalidad Violencia Institucional; como así también la promoción de la democracia paritaria en todos los ámbitos, en el marco de los preceptos rectores de la ley.

Promueve también la articulación y coordinación de las acciones para el cumplimiento de la Ley con los partidos políticos, las organizaciones empresariales, deportivas y estudiantiles, los centros y federaciones de jubilados y pensionados, en el marco de las facultades del Consejo Nacional de la Mujer.

Son co-firmantes de este proyecto los diputados nacionales: Gabriela Cerruti, Carlos Castagneto, Cecilia Moreau, Lucila Masin, Ana Luz Carol, Mayra Mendoza, Marcos Cleri, Verónica Mercado, Araceli Ferreyra, María Emilia Soria, Mónica Macha, Sergio Leavy, Laura Alonso y Josefina González.