Enojo de la Corte por incumplimiento de Acumar

La titular de Acumar, Dorina Bonetti, se presentó ante el Tribunal de la Corte Suprema de Justicia por la causa Riachuelo para dar detalles del cumplimiento de la manda judicial que hace 10 años máximo tribunal ordenó la recomposición ambiental de la Cuenca al Gobierno nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires.

Una lamentable exposición brindó en la audiencia pública la presidenta de Acumar, Dorina Bonetti, sobre la gestión del organismo para mejorar la Cuenca Matanza -Riachuelo. Bonetti comenzó detallando el nuevo sistema de indicadores del sistema e imprevistamente fue interrumpida por la Elena Highton, quien le solicitó que se refiera sobre la salud de la niñez y el mapa del riesgo socio ambiental.

Al escuchar que de los 632 barrios sólo se relevaron 37 desde el año 2008, Highton dijo que si seguían con esos datos, “para el año 2023 tendrían apenas un tercio de los relevamientos y los niños no serían atendidos”.

Luego fue consultada sobre la fecha posible para dar cumplimiento total a la sentencia judicial, Bonetti dijo que “dar una fecha precisa es imposible, porque depende del avance de las grandes obras que se hacen a nivel del Estado nacional, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires”.

Visiblemente nerviosa ante la insistencia del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por conocer los plazos de cumplimiento, Bonetti reconoció que “existen procesos administrativos para mejorar”.

Luego el juez Juan Carlos Maqueda recordó que el plan de urbanización de villas y asentamientos precarios de la cuenca Matanza-Riachuelo firmado en 2010 “se proponía alcanzar 17.771 soluciones habitacionales, pero a diciembre de 2017 sólo se terminaron 3.882 viviendas, es decir, el 22%”.

Al respecto, Bonetti reconoció que se trata de “uno de los problemas más graves”, pero advirtió que se debe a que “se construyeron complejos habitacionales sin tener en cuenta las características del predio”.

“No se pudo avanzar porque no se pueden entregar viviendas que no tienen servicios básicos garantizados y hubo que revisar varios proyectos”, afirmó.

“Los afectados no son el mero objeto de decisiones judiciales. Deben ser oídos y tomar parte adecuadamente de las decisiones que los involucren”, señaló el Defensor Adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella.

Y agregó: “Los vecinos organizados tienen derecho a efectuar consultas y reclamos que permitan la construcción de diálogos en la planificación y ejecución de políticas públicas. Ellos, desde siempre, fuero parte de la solución y no del problema”.

Según un informe elaborado por el Ministerio Público de la Defensa porteño, a casi 10 años de la sentencia de la CSJ, 1.265 familias de las casi 2084 aun no fueron relocalizadas, producto de la liberación del Camino de Sirga, lo que implica que más del 65 % de las relocalizaciones están incumplidas.

De los 632 barrios populares de la cuenca afectados, que fueron identificados en el mapa de riesgo, 231 se encuentran en “riesgo alto” o “muy alto”. El sector de la villa 21-24 que está fuera del camino de sirga, está ponderado de “muy alto riesgo”.

La información detalla que la villa 21-24 lleva más de 2 años sin relocalizaciones y solo se han reparado (y mal) 8 viviendas de las cientos que se necesitan de manera urgente. Según se especifica, las urbanizaciones de los asentamientos “El Pueblito” y “Magaldi” se encuentran detenidas desde el año 2011. En tanto, las soluciones para el barrio Lamadrid recién se encuentran en instancia de diseño.

Además indica que “los vecinos ya relocalizados siguen viviendo en riesgo y muchas de las viviendas entregadas no reúnen requisitos de vivienda digna, como es el caso del Complejo Urbano Mujica (ubicado en el barrio de Lugano) A la fecha no existe un conjunto de acciones públicas destinas a superar ese riesgo producto de la propia política de relocalización”.

“La falta de avance en la causa pone en estado de alerta a todos los vecinos/as, organismos e instituciones gubernamentales, a la vez que se complejiza frente a la negación del tribunal a escuchar a los principales afectados: los habitantes de la cuenca”, concluye el informe.

En tanto, el juez Horacio Rosatti fue contundente en su intervención al afirmar que los indicadores de resultados están cada vez más atrasados y se van acumulando y la meta cada vez más lejos, además de la desidia por la sub ejecución presupuestaria.

Casi en la misma línea , el ministro Carlos Rosenkratz se manifestó descontento por la falta de cumplimiento de la nada judicial y porque no se precisaron los avances para trasladar a las 22 curtiembres.

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