Por María Luján Batallán

En Argentina el problema de la inseguridad es grave. Como ciudadanos nos cuesta mucho reconocer que los Derechos Humanos son para todos, sin abonar la teoría abolicionista de la pena. Queremos que los delincuentes estén presos, pero no tomamos conciencia que esas personas algún día obtendrán la libertad y luego de pasar por los establecimientos penales, pocas son las garantías de que no vuelvan a delinquir, ya que en grandes porcentajes se perfeccionan en el delito. Obviamente volveríamos a ser víctimas y el círculo vicioso no cesará jamás sino velamos por institutos que hagan purgar la condena y expulse a individuos listos para vivir en sociedad, con oportunidades de reinserción y seguimiento de post carcelario.

Para obtener una construcción de pensamiento ecuánime, parlamentario.com dialogó con el procurador penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, a pocos días de cumplirse 25 años de la creación de la Procuración Penitenciaria.

– Hace pocos días el país adhirió a un Protocolo contra la Tortura, ¿qué nos puede contar?

– La ratificación que hizo Argentina mediante la firma del Protocolo Adicional de la Convención contra la Tortura es un paso enorme. Y sólo los países que firmaron la Convención de 2004 adhirieron mediante la firma de este protocoloque es Universal, lamentablemente en todo el mundo se sigue torturando y había que reforzar las disposiciones de la Convención razón por la cual idearon con la participación de las ONG como la Asociación de Prohibición de la Tortura (APT) y la Asociación Penal Internacional(API) y todos estos impulsos que se manifestaron hasta de las Naciones Unidad reconociendo las falencias que había sobre la persistencia de tortura con actos cada vez más sofisticados.

Jean Jacques Gautier (1912-1986)*, abogado de origen suizo, promotor de esa asociación, se inspiró tomando como referencia a la Cruz Roja que iba a cada lugar a verificar lo que sucedía y invitó a los Estados a trabajar con mecanismo parecido y las Reglas Mínimas estaban en la Organización de Naciones Unidas(ONU).

La idea era inspeccionar las cárceles y elaborar informes que consideraban a los países como en el caso de México quedaba muy mal parado en relación al respeto de los Derechos Humanos. Entonces se resolvió que los Informes fueran reservados, discutir con el país y sugerir que cosas se debieran hacer y se elaboraban consejos y el país tiene que responder la recomendación. Solo se hacía público si el país en cuestión lo permitía. Todas la naciones que firmaban se comprometían a respetar el Protocolo Facultativo de control de violaciones de DDHH en las cárceles y Argentina fue la primera nación de Latinoamérica en firma y somos los últimos en adherir e implementarlo por las cuestiones políticas partidarias de siempre.

A fines del año pasado se sancionó la ley, pero no se pudo constituir aún la Convención pero quedo firme la conformación de 13 miembros, 6 ex legisladores entre diputados y senadores, 3por las ONG, 2 de las provincias, un representante del P.E, el presidente por las mayorías y la Procuración Penitenciaria. Argentina dio un paso adelante respecto de la situación de las personas privadas de la libertad y de condena de la tortura.

– ¿Siguen recibiendo denuncias contra el Servicio Penitenciario Federal (SPF)?

– Se realizaron denuncias a personal penitenciario, condenas por torturas a través de los organismos de control y se hace muy difícil de probar y la utilización de los internos para disciplinar a los otros. Lo mismo el tráfico de drogas dentro de los establecimientos y la complicidad penitenciaria casi imposible de probar. Alrededor de 300 denuncias se recibieron en 2017 y no cesan en lo que va del primer trimestre del año.

– ¿Qué pasa ahora en las cárceles?

– Las cosas no son fáciles pero nuestro trabajo de hormiga y silencioso va dando sus frutos. Se dictaron sentencias a penitenciarios muy importantes de condena por tortura y hay que cambiar la historia, pero esta situación ha golpeado a los sectores de control del propio servicio penitenciario que ya no tortura de manera directa sino que toman algún detenido que actúa como secuaz y transfieren la represión utilizando la mano de obra de los propios internos.

Estamos viendo las muertes en los penales e investigamos porque tenemos grandes dudas sobre los supuestos suicidios, o muertes que dicen que son naturales. Es muy difícil de probar.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación nos ha convocado para que colaboremos dado que han llegado al máximo tribunal muchas causas de torturas.Obviamente que la consulta es por las causas civiles porque los familiares exigen reparación. La sobrepoblación genera una situación cotidiana de violencia y sumisión, no hay más capacidad en los penales federales. Tenemos dentro del marco de los penales federales 11.911 y cada unidad está sobre pasada en la capacidad.

Hubo mucho revuelo, en los últimos días, con el tema de los detenidos que purga condena por delitos de lesa humanidad, pero en realidad fue el SPF que realizó un informe en el cual se mostraba que había detenidos que ya debían estar en libertad por haber finalizado la condena y reclamamos por esos casos al Ministerio de Justicia, nunca nos referimos a presos de otras características. La Procuración es una institución que va a la cárcel todos los días y atendemos a todos, pero nuestra tarea está limitada al señalamiento, no podemos ordenar que se tomen medidas o decisiones.

El SPF en su informe tomaron 1700 internos de los cuales 1500 son presos comunes y el resto tenían posibilidades de salir e incluyeron a los que tenían más de 70 años y se filtraron en ese grupo los de lesa humanidad. El Ministerio de Justicia les volvió a reclamar el informe al SPF, con detalle de delitos y pusieron en un listado separado a los de lesa, pero jamás hubo intención de poner en esa lista a todos los detenidos en condiciones de salir, se redujo el número de 1700 a 300. Es un informe administrativo solamente.

– La sociedad tiene una visión respecto de los detenidos que no es justamente colaborativa. El padecimiento de la inseguridad lleva a pensar que lo mejor es que todos estén detenidos.¿Es una solución a la superpoblación liberar detenidos?

– En el mundo la política es usar métodos alternativos a la prisión y no subir a las cárceles a cualquiera. No es un lugar para cualquiera que comete un delito menor. Con los casos de flagrancia, hay detenidos condenados a una semana, tal vez tenía una causa por paco, que ingresan a los penales con los padecimientos que todos imaginamos en un pabellón de ingreso conviviendo con presos peligrosos. Los procesos son largos entonces el uso de la tecnología es un aliado siempre y cuando esté controlada y controlando costos aunque no es 100% eficaz, aunque da una respuesta y no es la solución.

La cárcel no es para los procesados, pero un procesado tiene el tratamiento de un condenado en las condiciones en que se dan los procesos en las últimas décadas.

– A simple vista, el agente penitenciario es el ejecutor de los malos tratos que se denuncian en los penales, ¿qué pasa con los controles del SPF?

– No se trata de un gobierno o de una gestión, siguen persistiendo abusos, malos tratos y torturas. Hay 12tipos de situaciones que constituyen torturas. Hay que precisar la definición de tortura porque es muy genérica. Si envías a un detenido a una habitación de 2×2 y dos días no le das agua: es tortura. No creo que el penitenciario en sí mismo, sea un perverso, sino que trae el arraigo de una costumbre de autoritarismo, falta de respeto, noción de ser humano.

– ¿Cuál es la situación de las unidades penitenciarias de mujeres?

– Están como en todas las cárceles, la presenciade las mujeres es nueva, hace 40 años no estaban en la cárcel pero el tráfico de drogas agigantó la detención de mujeres y aparecieron en otros delitosen banda, homicidio y delitos impensados. No hay una política de la privación de la libertad, no hay política criminal de género, ni penitenciaria, no es lo mismo una mujer presa. Se está trabajando en considerar la salud de la mujer, la familia también pero no es una política criminal de género. Las mujeres deben contar con un apoyo en la cuestión post penitenciaria que sea de otro tipo que la de los varones.

Hay otra realidad por ejemplo con las mujeres del norte, en La Pampa vemos mujeres que las llevan, las cargan con drogas, las vacían y las vuelven a cargar y no tienen siquiera noción del delito que están ejecutando y no se puede aplicar las mismas medias que se le aplican a los hombres.La ley de ejecución penal tiene apenas 8 artículos referidos al género y a la gestación.

– Se publicaron denuncias mediáticas de mujeres que estaban pariendo en los pasillos ¿qué hay de cierto?

– Desmiento que estén pariendo en los pasillos por lo menos en el sistema federal sería injusto decir eso pero sí ratificamos la denuncia contra las autoridades de la cárcel de Ezeiza por las agresiones que sufrieron un grupo de internas el viernes 9 de marzo en el interior del Módulo III del Complejo Penitenciario Federal IV, cuando varios guardiacárceles, entre agentes femeninos y hombres, ingresaron cuando alrededor de 15 detenidas que se encontraban conversando, luego de haber protagonizado un “ruidazo pacífico” como parte del 8M, además nunca se les dijo que iban a sufrir un recorte en los ingresos que perciben por sus tareas. La causa está en la justicia de Lomas de Zamora.

– Ya se firmó el Convenio para el traslado de los internos de Devoto a Marcos Paz, ¿cómo ve esta situación?

– Tanto Ariel Cejas Meliare (director general de Protección de los Derechos Humanos como yo consideramos que este edificio posee situaciones muy gravosas en cuanto a su mantenimiento, también es cierto que se encuentra sumamente poblada por ciudadanos de la jurisdicción Metropolitana y el envío a la Provincia podrá perjudicar a muchas familias para trasladarse, con los medios de transporte público.

Si ponemos el foco en estos ciudadanos -si, ellos también son ciudadanos-, vemos que el objetivo es invisibilizar aún más lo que sucede tras los muros. En nuestro recorrido por las cárceles, podemos dar fe de los malos tratos, de las torturas y del modo en que las desigualdades se reproducen en ese ámbito. Devoto es un ejemplo. Entonces nos preguntamos: ¿De qué modo estas políticas se enmarcan en un programa de protección y promoción de los derechos humanos? Cuando una cárcel está en la jurisdicción que corresponde con sus detenidos, permite que haya proximidad de familiares, de organismos de derechos humanos, Defensores y de jueces que puedan garantizar el cumplimiento de normas constitucionales y denunciar la violación de las mismas.Hace más de 30 años funciona en la cárcel de Devoto un centro universitario dependiente de la UBA donde se dictan cinco carreras y numerosos cursos; una experiencia única en el mundo. Con el proyecto de traslado se atenta contra este espacio, será muy difícil que los docentes de la UBA puedan viajar semanalmente a Marcos Paz a dictar sus clases.

– ¿Cómo está compuesta la población carcelaria de Devoto?

– Devoto tiene el porcentaje más grande de detenidos procesados, es decir que por imperio de nuestra Constitución poseen un estado de inocencia hasta que se dicte sentencia firme. Es redundante explicar cómo y de qué manera el destierro resulta en estos casos más grave aún. Los efectos nocivos de la cárcel se multiplican exponencialmente, y de la misma manera se disminuyen las posibilidades de que esa persona pueda reconstruirse después de semejante experiencia. Los presos de la ciudad de Buenos Aires, deben estar en la ciudad de Buenos Aires, así como los presos de cada provincia deben estar en la jurisdicción donde viven.

Según las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos (Reglas Mandela) aprobadas por las Naciones Unidas en su última revisión de 2015, se menciona que *“En la medida de lo posible, los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción social”* (Regla 59).

– ¿Está conforme con los avances que se lograron en estos 25 años?

– Más allá, de la limitación de nuestra facultad, que es solo de señalamiento, creemos que los penales federales comparados con algunos casos de otras jurisdicciones que se ven, no estamos tan mal. Si comparamos con Latinoamérica, dónde hay cárceles de madera donde se incendian con presos adentro y mueren centenares sin que trascienda la gravedad de ese hecho, podemos decir que estamos bien, pero debemos hacer otra cosa para avanzar y trabajar en un buen tratamiento para el interno.

Me parece que cumplimos un rol institucional positivo y de la promoción dela discusión de temas que llegaron a la justicia y nuestra presencia en los penales se hecho cumplir. Somos un organismo de control con un reconocimiento de la C.S.J.N. y me siento contento con el resultado de la gestión. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance con todos los conflictos políticos que de alguna manera siempre nos complica.

*Fundador de la Asociación para la prevención de la tortura