El nuevo Código Penal entró en la recta final

La comisión encargada de elaborar el anteproyecto de reforma consensuó una versión borrador del texto. Entre sus novedades más importantes, establece un incremento de las penalidades para los casos de corrupción y prevé el recupero de activos de origen ilícito.

Entró en la recta final el anteproyecto de reforma del Código Penal, creada hace un año por el Gobierno nacional. La comisión encargada de elaborarlo ha consensuado una versión borrador del texto. En tal sentido, su titular el camarista de Casación Penal, Mariano Borinsky, explicó que el nuevo ordenamiento será “lógico, moderno, acordado y con penas de cumplimiento efectivo”.

“El poder punitivo del Estado quedará expuesto aquí de una manera moderna; este Código será un nuevo contrato social y reflejará los intereses fundamentales de la sociedad argentina”, manifestó Borinsky durante una reunión informativa.

La comisión prevé elevar las penas en los delitos de corrupción, y así incorporar un nuevo capítulo denominado “Delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos y equivalentes”. Con esta medida se busca agrupar los delitos de cohecho, dádivas, tráfico de influencias, soborno trasnacional, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, el aumento elevado del patrimonio luego del cumplimiento de la función.

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Está previsto que las escalas oscilen de 4 a 12 años de prisión para estos delitos. También se amplían los sujetos activos que pueden cometer este delito, incluyéndose todos los obligados por ley a presentar declaración jurada patrimonial, como por ejemplo, los funcionarios públicos y los dirigentes de obras sociales, es decir incluirá a sindicalistas Respecto a los delitos de cohecho y tráfico de influencias, los expertos propusieron ampliar los supuestos agravados e incorporar como novedad el delito de soborno entre privados, para abarcar los casos en los que intervengan tanto personas físicas como jurídicas.

La comisión estudia la posibilidad de limitar los beneficios al régimen de cumplimiento de pena actualmente previstos para las personas condenadas por delitos de corrupción, como la libertad condicional.

Hay que destacar que esta reforma contiene la voluntad popular que es el recupero de los bienes sustraídos del estado como consecuencia de los actos de corrupción, incluidos también todos los bienes productos del delito.

A su vez, la comisión propuso la ampliación de la jurisdicción de la Justicia argentina para investigar los delitos de corrupción, según las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Con este cambio, la Justicia local podrá intervenir en casos de corrupción ocurrida en otros países, cuando algún argentino haya participado.

Con respecto a la corrupción internacional, los juristas analizan la posibilidad de introducir en el texto los delitos de cohecho trasnacional y de financiamiento del terrorismo, así como la criminalización de las organizaciones transnacionales dedicadas al narcotráfico.

El anteproyecto prevé la posibilidad de reducción de pena para la persona jurídica que colabore voluntariamente.

Una de las figuras que tendrán su marco será la “porno venganza”, es decir la “utilización de un material recibido o realizado con el consentimiento de otra persona, en un ámbito de intimidad y en el marco de una relación afectiva, en la que uno de los miembros, y sin autorización de la persona afectada, difunde, revela, envía, distribuye o de cualquier otra manera pone a disposición de terceros el material”.

La comisión decidió tipificar dos categorías de conductas, por un lado la de aquellos que organicen, financien, dirijan o administren organizaciones dedicadas al narcotráfico o que tengan conexiones con bandas internacionales, que sufrirán una pena de hasta 25 años de prisión. Por otro lado, en un escalón más abajo en las organizaciones ilícitas, quienes tengan estupefacientes o precursores químicos, los produzcan o fabriquen con fines de comercialización, a veinte años de prisión.

Todas estas nuevas figuras y penas estarán en breve en manos de los legisladores que darán el voto a las reformas que los lineamientos de sus partidos políticos permitan.

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