Tras muchas especulaciones en la previa de las primeras sesiones en la Legislatura bonaerense, el oficialismo no sancionó ninguna de las cuatro leyes que había remitido el Ejecutivo.
En votación dividida la Cámara de Diputados bonaerense aprobó y giró al Senado los proyectos de ley que establecen la emergencia en materia de Obra y Servicios Públicos y Administrativa. El Senado las analizará en la Comisión de Presupuesto y las tratará en la próxima sesión del cuerpo.
Los dos proyectos que hacen a la Reforma Judicial, el que trata sobre una reforma integral del sistema de enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales y la conformación de un Comisión Permanente del Mapa Judicial, solo obtuvieron mociones de preferencia para la próxima sesión luego de que obtuvieran el ingreso formal en la Cámara de origen.
Luego de un debate parlamentario donde hicieron uso de la palabra 10 diputados de diferentes bancadas, el oficialismo no encontró mayores obstáculos para conseguir los dos tercios necesario para su tratamiento como así también la mayoría para aprobar sendos proyectos y remitirlos al Senado.
Acompañaron con el voto positivo a Cambiemos las bancadas del FR, PJ-UyR y Convicción Peronista, mientras que los bloques de UC-FpV, FIT y Peronista Kirchneristas votaron por la negativa.
El Senado esperó el tratamiento para darle ingreso formal y luego lo giró a la Comisión de Presupuesto donde proseguirá con el tratamiento parlamentario, luego de obtener la nación de preferencia para la próxima sesión.
Ambas leyes fueron concebidas para mejorar la gestión del Estado provincia en el comienzo del gobierno de María Eugenia Vidal, pero su vigencia era por dos años; las reediciones de las normativas hacen posible que durante todo el período Vidal cuente con estas herramientas diseñadas por su propio gabinete para mejor los procesos de gestión.
La ley que establece la emergencia en Obras Públicas, en rigor, en materia de “infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos” en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, se requiere para paliar el “déficit existente” y posibilitar la agilización de la gestión de obras y servicios en general.
Por el otro lado, la ley 14815 declara la emergencia administrativa y tecnológica en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, con la finalidad de paliar el “grave déficit” en estas materias que en el transcurso de los últimos años “se ha visto incrementado progresivamente”, según se estima.
